La Administración autonómica creó un método por el que pudo gastar los fondos públicos con "un importante grado de arbitrariedad", que le permitió disponer de fondos de manera "inmediata" y sin procedimiento administrativo para conceder ayudas a colectivos "sin que todos sus integrantes cumplieran los requisitos" que se exigían, según se recoge en el informe realizado por el equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, entregado a la jueza Mercedes Alaya que investiga el caso de los ERE.

En las conclusiones de las diligencias a las que ha tenido acceso Huelva Información, se pone de manifiesto que son "innumerables" las irregularidades detectadas conforme avanzaba la investigación del expediente de ayudas sociolaborales de la Faja Pirítica onubense.

Entre esas anomalías, destaca la duplicidad que se hacía en las listas que propiciaron que llegaran en 2003 subveciones a través de planes de pensiones de a 1.134 trabajadores tras el acuerdo alcanzado entre El Gobierno central y el autonómico un año antes para paliar la situación de crisis que marcó la zona minera de la provincia. Esa doble nómina se pudo realizar gracias a la "posición de poder" que obtuvieron los sindicatos UGT y CCOO ("sobre todo UGT", se puntualiza en el informe), que les permitió no sólo determinar quién entraba en los listados o no, sino articular una serie de "falsedades" para obtener más beneficiarios de los que realmente cumplían los requisitos. Pero es que además "adaptaban" las peticiones en función de la Administración a la que se enviaba la documentación. A la Junta se le remitía un listado de trabajadores mayores de 50 años, mientras que al Gobierno, "sabedores de que la Administración estatal iba a ser más escrupulosa", mandaron un listado de extrabajadores de la mina mayores de 55 años.

En más de una ocasión se hace referencia a la "generosidad" de la Administración autonómica, que, según las diligencias, "compraba" el favor popular de las zonas afectadas para asegurarse la paz social.

En la documentación que ya está en manos de Alaya se fija en 7,8 millones de euros la malversación de los fondos públicos procedentes del Fondo de Garantía Social (Fogasa) que hizo presuntamente la Asociación Faja Pirítica de Huelva, un ente que se creó precisamente para gestionar y controlar las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a los trabajadores que quedaron afectados por la crisis de la minería en la provincia.

La asociación estaba compuesta por representantes de la Administración autonómica, así como de los sindicatos UGT y CCOO, de la mediadora Uniter, y del bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasis

Los miembros del Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos analizaron las cuentas de la asociación, en las que se ingresaron 7,9 millones para financiar las pólizas de las prejubilaciones.

Pero de esa cantidad salieron mediante cheques, 1,9 millones para el bufete Estudios Jurídicos Villasis (EJV) y 5,8 millones para Uniter (del resto se desconocen sus beneficiarios).

De ahí sale la cantidad supuestamente defraudada a la que hay que restar un ingreso realizado por EJV de 74.000 euros, por lo que la estafa se queda en 7,8 millones.

Para que se pudiera producir ese desvió tanto EJV como Uniter "necesitaban la participación de los sindicalistas" que formaban parte de la asociación, ya que los cheques llevaban la firma de la directiva de la que formaban parte.