El Puente de la Canaliega, la emblemática infraestructura que conecta por el sur la aldea de El Rocío con Matalascañas, podría salvarse de su demolición, tal como recogía el proyecto de la carretera de circunvalación de la A-483. Sería una luz al final del túnel, tras la campaña protagonizada por toda la sociedad almonteña que abandera razones de seguridad vial y económicas para mantener viva esta vía de comunicación.

En el último pleno municipal, el equipo de gobierno del PP presentó una moción en la que solicitaba la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitiría salvar al puente. Aunque la moción no llegó a debatirse, por superar la sesión las doce de la noche, la solución parece más próxima después de que la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Huelva, María José Bejarano, adelantase a este periódico que los técnicos de su área se van a reunir con sus homólogos de Medio Ambiente para estudiar de forma pormenorizada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y analizar si "existe posibilidad de cambiarla", garantizando así la viabilidad del Puente y eliminar las taras medioambientales que genera.

Bejarano destacó que pretenden ver la posibilidad de desbloquear el proyecto de forma autónoma o, si fuera inviable, negociando directamente con Bruselas. No hay que olvidar que la Comunidad Europea financió los 16 millones de euros de la variante y la construcción de un viaducto de más de 342 metros de longitud que tenía como única finalidad salvar el arroyo de la Rocina a efectos de evitar los problemas hidrológicos en las grandes masas de agua que circulan con destino al Parque Nacional de Doñana.

Éste es el principal escollo, convencer a Europa de que es un error eliminar el puente que fue uno de los elementos claves para lograr que les financiasen la carretera de circunvalación. El otro es explicarles porqué ninguna administración o entidad social reparó en los problemas que ocasionaría prescindir del puente, puesto que durante el correspondiente procedimiento de participación pública nadie puso objeciones en esta materia.

Más allá de estos errores o responsabilidades, los colectivos sociales, la Hermandad Matriz y la Asociación de Empresarios insisten en que "ningún proyecto de circunvalación conlleva la destrucción de los viales antiguos" y menos aun que una urbanización que concentra a un millón de visitantes durante el mes de Pentecostés cuente únicamente con único vial, en el que confluyen quienes acceden y abandona el núcleo urbano.

En el seno de la sociedad almonteña existe el temor de que estas promesas queden en nada una vez superado el periodo electoral, máxime cuando la demolición del puente se incluyó a propuesta de los propios técnicos de la Junta de Andalucía y a efectos de cumplir el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), que tiene como prioridad la recuperación de la marisma.

Hay más trabas: la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental establece de forma taxativa que la DIA y sus condicionados son vinculantes y de obligado cumplimiento.

El portavoz del Ayuntamiento de Almonte, José Joaquín de la Torre, conminó al PSOE a que desista de demoler una infraestructura que presta un servicio básico para los ciudadanos a la hora de evacuar la aldea por carretera ante cualquier incidente. "Se nos había insistido en que el quid de la cuestión era "una situación política", que se achacaba a IU (que ostentaba las competencias de Fomento) como máxima responsable de solucionar la problemática de la variante de El Rocío.

Desde el Ayuntamiento se mantiene que "desde la inauguración de la variante en julio de 2012 tuvimos claro que dejar una sola entrada y salida a la aldea era un enorme problema", frente a lo cual propusieron mantener sendos accesos operativos permitiendo que quienes llegasen desde Matalascañas tuvieran la alternativa de desviarse a El Rocío o entrar en la variante para continuar en dirección a Almonte. Igualmente se demandó la construcción de un carril de aceleración que enlazara estos dos núcleos urbanos y que la propia Junta cuantificó en 234.000 euros.

Por último, de la Torre insiste que son conscientes de que "la situación política ha cambiado, y nuestra posición no difiere de la que tenía el PSOE, cuando le echaba la culpa a IU de que el problema continuase sin solución. A fin de cuentas, el PSOE debe ser el más interesado en resolver de una vez por todas las importantes carencias de tráfico y seguridad generadas por esta infraestructura, puesto que son los responsables de su proyecto y ejecución".