Cuando el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva nació hace dos años lo hacía con el objetivo de frenar las ansias urbanísticas que apostaban por el desarrollo de proyectos residenciales y de usos hoteleros y golf y en menor medida por la construcción de viviendas de protección oficial y terrenos industriales. De ahí que la Junta de Andalucía tardara tanto en poner de acuerdo a los alcaldes de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe o Punta Umbría, además de San Silvestre de Guzmán y Villablanca, que se subían por primera vez en su historia al carro del urbanismo galopante.

Dos años después, las cosas han cambiado tanto que ahora el POT mima las viviendas de protección oficial como si fueran el nuevo maná celestial, los proyectos industriales y las infraestructuras.

Y no solo la crisis ha obrado el milagro sino dos varapalos judiciales que han puesto en cuarentena al Plan de Ordenación del Territorio aunque solo sea por defectos de forma en su aprobación administrativa. Los recursos del ex alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y de la Asociación de Empresas de Turismo Residencial, han obligado a la Junta a mantener en el Tribunal Supremo un caso para que se puedan seguir tramitando todos los planeamientos que inspira.

Curiosamente, todos los alcaldes consultados quieren que el POT salga triunfante del envite. ¿Y los empresarios?, también.

El secretario general de la Federación Onubense de Empresarios, Rafael Ávila, considera que el POT debe bendecir los nuevos PGOUS de los municipios que ampara y bajo ningún concepto paralizar su desarrollo. "El PGOU de Isla Cristina o Lepe, por ejemplo, se han ido adaptando al POT para seguir su curso, por lo que no se pueden cuestionar, al contrario", dice Rafael Ávila. Otra cosa bien distinta, advierte Ávila, es que las nuevas infraestructuras, como los puentes de Punta Umbría, propicien retoques en la norma, "pero siempre partiendo del mismo documento que obtuvo, no se olvide, un gran consenso entre los alcaldes de la Costa Occidental".

Para los empresarios, el hecho de que la Junta de Andalucía ponga a navegar ya el PGOU de Isla Cristina, Lepe o la modificación de la Ribera de Cartaya es un buen síntoma pues demuestra que "la normativa urbanística no está paralizada".

A raíz de las dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que han anulado el Plan, lo que sí se ha puesto sobre la mesa es el exceso normativo de figuras de planeamiento que anidan en la Administración andaluza y que retrasan, a veces hasta tres años, importantes proyectos.

No solo se quejan los empresarios, también los alcaldes sufren las consecuencias de estas paralizaciones que en tiempo de crisis chirrían más que nunca.

La FOE recuerda que la Junta ya dispone de un instrumento legislativo para colgar el POT. Se trata del Plan de Ordenación de Andalucía, al que hay que añadir la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Si a esto unimos los informes que Costas, Medio Ambiente, Carreteras, Industria, Telefónica, Gas y Agua necesitan para dar vía libre a un proyecto nos encontramos "un enjambre legal muy difícil de sortear que llega a eternizar las iniciativas" que en tiempos de crisis podían estar desarrollándose.

Quien hace esta aseveración es el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán Jaldón, uno de los pueblos que más han estirado las actuales normas de planeamiento y que se ha convertido en defensor de un POT que "acabe con las distintas interpretaciones y evite las colisiones entre administraciones, letales para los desarrollos urbanísticos, incluidas las promociones de viviendas de protección oficial".

El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, entiende que las dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dejan al Plan en un limbo judicial "no afectan al contenido de la norma. El POT marca un estilo, un modelo sostenible en el que todos ganamos". Millán subraya que el POT apuesta por un modelo sostenible, de baja densidad, respeto al medio ambiente y prioriza los usos hoteleros, turísticos y de ocio".

Millán insiste en que el Plan ha propiciado por ejemplo proyectos como Marina del Rompido, donde los coeficientes de edificabilidad alcanzan las diez viviendas por hectárea. Para Millán el modelo es viable aunque haya que "adaptar el desarrollo a la realidad y reducir los plazos y la tramitación de informes sectoriales".

El alcalde cartayero apunta además que el POT contemplaba hasta la construcción de viviendas de protección oficial, un nicho de negocio tan recurrente ahora que la construcción vive horas bajas.

No ven los alcaldes ni los empresarios inseguridad jurídica para el inversor. Según Millán, la seguridad la debe dar el planeamiento local, las normas subsidiarias o el PGOU y que, por supuesto, estén adaptadas al POT.

El alcalde de Cartaya opina que "la Junta debe reducir plazos, procedimientos y mecanismos que faciliten el planeamiento, sobre todo para la construcción de viviendas de protección oficial".

Para el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE), la clave también está en que el POT "no dificulte la aprobación de los planes generales" y apuesta por el necesario consenso para desarrollar, en este caso, Punta Umbría. Y pone un ejemplo de colaboración urbanística entre la Junta y el Ayuntamiento: la desafectación de 169.000 metros cuadrados en el SAPU 8, junto al Barrio Romano para habilitar zonas de viviendas de protección.

El alcalde de Punta también insiste en una sugerencia; agilizar los trámites para que los municipios puedan disponer de terrenos para VPO, suelo industrial y dotacional. Nevado cree que "es mejor hablar de contenidos y dejar a un lado las formas para no crear confusiones e inquietudes innecesarias que no son reales".

Mientras, José Carlos Hernández Cansino, ex alcalde de Punta hoy presidente del PP local e inductor del recurso que ha provocado el varapalo judicial al POT, cree que "es un buen momento para reformar el POT" pues han cambiado las necesidades y se ha pasado, dice, de la apuesta por el desarrollo de residencial turístico a la vivienda de protección oficial, más barata y segura para el constructor en estos instantes. Para Cansino, "el POT es ya un documento antiguo muy alejado de aquel 'boom' urbanístico que lo inspiró y aceleró".