La Fiscalía desmiente una persecución judicial a los agricultores de la provincia de Huelva, tal y como reiteradamente se ha quejado la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, por lo que insiste en que "el 95% de los agricultores de la provincia de Huelva ejercen su profesión con respeto a la normativa ambiental".

Así se manifiesta Alfredo Flores, fiscal de Medio Ambiente en Huelva, quien añade que, en términos porcentuales, las denuncias que pesan sobre los empresarios agrícolas son testimoniales dentro de una provincia cuyo principal sostén económico es la exportación de productos hortofrutícolas. En consecuencia, detalla que "la Fiscalía jamás persigue a colectivos, sino conductas individualizadas que pudieran ser constitutivas de delito".

Flores también descarta la inacción que se le achaca desde los sectores conservacionistas, recordando que desde el cargo que ostenta se han investigado "todas y cada una de las denuncias formuladas" contra los propietarios de parcelas en las que se ha constatado un cambio de uso de suelo, como consecuencia del incumplimiento del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad) que fija las zonas de especial protección.

Las cifras constatan el meticuloso trabajo realizado por el Ministerio Fiscal, plasmado en más de 30 sentencias condenatorias por vía penal desde el año 2006. La mayor parte de estos atentados medioambientales "se han desarrollado en el término municipal de Moguer", a manos de agricultores que han transformado suelos o literalmente han arramblado con zonas forestales para la construcción de balsas ilegales o, en su defecto, han puesto en riego un mayor número de hectáreas.

"Desde el año 2005 el organismo público ha venido trabajando ante cualquier indicio razonable de que se ha vulnerado la legislación vigente", señala. Ello contrasta con el papel desempeñado por los ayuntamientos que, como ostentadores de las competencias urbanísticas, "no han denunciado claros delitos" acaecidos en su territorio, aun cuando "existen datos de que han tenido pleno conocimiento de ello". Una praxis que podría ser constitutiva de "responsabilidad penal".

El organismo público insiste en que la jurisprudencia y las condenas contra la ordenación del territorio están teniendo un notable efecto disuasorio, puesto que con anterioridad se había instaurado la percepción de que "se podían regular determinadas prácticas ilegales mediante el pago de multas". Es ahora cuando sus señorías han firmado sentencias en las que "ordenan la demolición de las casas, balsas de riego y la restauración del suelo. Un mensaje que ha calado en el sector", detalla el fiscal. Entre tanto, matiza que las medidas son inexorables, con independencia de que el proceso para restaurar el suelo sea lento, por cuanto que se han de llevar a cabo los planes de restauración y un proceso burocrático que puede dilatar los tiempos a ojos de la ciudadanía, concluye Flores.

El Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana es otra herramienta más para luchar contra los cambios de uso de suelo. En este documento la Junta de Andalucía regula 64.475 hectáreas de terreno y cataloga como regables 9.340 hectáreas, todas ellas anteriores al Potad, documento que ya en 2004 puso techo a las zonas de riego de la comarca y cuya propuesta contó con el respaldo unánime de los alcaldes socialistas.

Ahora es la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno Central, y su homónima del Tinto-Odiel-Piedras, cuyas competencias descansan en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, las que deben mantener a raya cualquier expansión del riego. Hasta ahora la inacción de las administraciones es la que ha favorecido la implantación de nuevas superficies de riego tras el Potad. En total, más de 2.000 hectáreas según los informes que obran en poder de la Administración autonómica.

Este periódico ha tratado sin éxito de conocer las razones esgrimidas por la Junta para no actuar contra los empresarios que vulneraron la legislación vigente, que contribuyeron a mermar los recursos del acuífero en perjuicio de sus compañeros y del sector. El Gobierno central tampoco ha respondido a las petición de este medio para conocer sus planes a la hora de que la CHG regularice las hectáreas de riego recogidas en el Plan y proceda a desmantelar aquellas que quedaron fuera del mismo.

Las únicas sanciones se precipitaron a raíz de las denuncia de los ecológicas en 2011, después de que la Junta no les diera el preceptivo trámite, tras tener conocimiento de los hechos.

El traspaso de poder de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir del Gobierno a la Junta en 2007, y su ulterior regreso tras tumbar el Constitucional el artículo 51 del Estatuto de Autonomía en base al cual la Junta se agenciaba las competencias en exclusiva sobre el río Guadalquivir, se ha revelado como una rémora. Así lo entiende Flores, quien reconoce que esta situación "ha podido demorar" los expedientes cursados contra la apertura de nuevos pozos en zonas de especial protección. No en vano, al menos "una decena de condenas han sido absolutorias por prescribir los delitos", precisamente por la dilatación del doble traspaso de competencias.