La Comisión Europea (CE) se abstiene de pronunciarse sobre el proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana y confía en que los gobiernos andaluz y central "trabajarán conjuntamente" pese a sus "diferentes opiniones" para analizar el plan presentado y tomar una decisión conforme a la normativa. Esta es, en resumen, la respuesta obtenida por la Junta a la carta que el pasado 12 de diciembre remitió a las autoridades de Bruselas interesándose por el "margen de discrecionalidad" con el que la comunidad autónoma podría contar para decidir sobre el proyecto, una vez emitidas de forma favorable al respecto las declaraciones de impacto ambiental (DIA) por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Ni bien ni mal, ni sí ni no, sino todo lo contrario. La CE se inhibe ante el interrogante planteado por la Junta con dos apuntes a modo de recordatorio: la normativa que cabe aplicar y las competencias en la materia son las correspondientes a cada país.

"Sobre la base de la información a disposición de la Comisión en el caso concreto que nos ocupa, no estamos actualmente en situación de adoptar una posición sobre la suficiencia de la evalución [ambiental] realizada", indica la carta que la Dirección General de Medio Ambiente de la CE remitió con fecha 19 de diciembre a los gobiernos central y andaluz, a cuyo contenido ha tenido acceso el Grupo Joly.

El proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana es promovido por la empresa Petroleum Oil & Gas España, subsidiria de Gas Natural, y lleva en proceso de tramitación siete años con la participación de todos los agentes implicados, incluyendo la propia Junta de Andalucía, que en su momento se abstuvo de plantear objeciones.

El proyecto a debate consiste en aprovechar los depósitos naturales de gas existentes en el espacio protegido -donde las actividades de extracción de gas venían desarrollándose desde hace 30 años- para almacenar ahora gas como reserva estratégica, aprovechando y ampliando en algún caso las infraestructuras existentes, especialmente el gasoducto que atraviesa el parque.

El Ministerio de Medio Ambiente, con la opinión favorable de la Junta, emitió las respectivas DIA positivas para el plan, que se subdivide en cuatro proyectos, uno de los cuales ya está operativo.

Según Gas Natural, su estudio de impacto ambiental contempla explícitamente los impactos sinérgicos y acumulativos, tanto entre ellos como con otras infraestructuras existentes en la zona. Pero es este el punto que ahora discute la Junta Andalucía, que exige a la compañía la presentación de una DIA unificada de los tres proyectos pendientes. La administración andaluza es, además, la encargada de emitir la Autorización Ambiental Unificada (AAU), un informe preceptivo en el que se integran las DIA y otras autorizaciones sectoriales, pero en el que no debe hacerse evaluación ambiental alguna.

Paradójicamente, la propia consejería dejó constancia de sus dudas sobre su bloqueo a la AAU en su escrito a Bruselas, donde preguntaba a la Comisión si "tendría la Junta de Andalucía un margen de discrecionalidad [...] para apreciar, en la segunda fase, si se puede causar perjuicio a la integridad del lugar afectado cuando considere, en base a la incertidumbre, que la evaluación positiva del órgano ambiental pudiera no ser completa o pudiera no asegurar la necesaria preservación del estado de conservación favorable".

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emitió las DIA positivas el 28 y 29 de enero de 2013, pendientes solo de que la Consejería de Medio Ambiente tramitase las AAU pendientes, como ya había emitido la correspondiente al proyecto de Marismas Occidental.

Sin embargo, para los tres proyectos restantes y coincidiendo con unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), la consejería comenzó a plantear dudas administrativas de índole genérica y reclamó al ministerio una DIA conjunta en los espacios de la Red Natura 2000. El Ministerio de Medio Ambiente respondió a la Junta, por dos veces, diciendo que en el proceso de evaluación ambiental se habían previsto dichos impactos conjuntos, pero pese a ello la Junta se negó a tramitar la AAU y en abril de 2013 paralizó su tramitación.

Fue a partir de entonces cuando el Ejecutivo andaluz derivó la disputa a la UE. De hecho, la CE abrió una investigación que cerró al no observar incumplimiento de la normativa europea.

Posteriormente, la consejería elevó la pregunta a la que la CE ha dado ahora respuesta. "La distribución de competencias entre las distintas administraciones a la hora de aplicar la legislación de la Unión Europea, así como el valor jurídico de los actos internos en el marco de los procesos de autorización son asuntos de competencia exclusivamente nacional". La pelota ha rebotado y vuelve a estar en el tejado de la Junta.