La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no garantizar un correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas en algunas aglomeraciones de Galicia, Cataluña y Andalucía, lo que supone un riesgo para la salud pública. La denuncia llega a la provincia de Huelva a través del municipio de Bollullos por su negativa (por parte de la empresa responsable de ejecutar las obras de estación depuradora del municipio) a informar.

España recibió ya en 2003 un primer aviso en relación con este caso, que afecta a zonas con una población de más de 10.000 habitantes. "Aunque desde entonces se han solucionado algunos problemas, el lento ritmo de los avances ha llevado a la Comisión a remitir el caso al Tribunal de Justicia", según dijo el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Los informes procedentes de las autoridades españolas indican que sigue faltando un sistema de tratamiento adecuado en aglomeraciones tales como Berga, Figueres o El Terri (Banyoles), en Cataluña, o Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, en Galicia. En el caso de otras poblaciones (aquí se incluye a Bollullos Par del Condado), en Andalucía, o Abrera y Capellades, en Cataluña), la Comisión considera que los datos facilitados "son incompletos o muestran que no se cumplen todavía los niveles exigidos", apunta el comunicado.

El alcalde de Bollullos, Francisco Díaz, lamentó que el municipio se vea inmerso en noticias negativas a nivel internacional tras la decisión de la Comisión Europea de denunciar a España por el deficiente tratamiento de las aguas residuales urbanas. Según explicó a Huelva Información, la situación se produce a raíz de que la empresa constructora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bollullos "no facilitase la documentación requerida alegando los impagos de la Junta de Andalucía", que en su día vio cómo las obras quedaban paralizadas después de que las empresas subcontratas se amotinaran a consecuencia de que la mercantil no podía hacer frente a sus obligaciones, al no saldar la Administración autonómica su deuda.

La EDAR de Bollullos se construyó a la par que la planta coetánea de Almonte que, a su vez, trataría los detritus de Rociana del Condado. Su licitación se llevó a cabo en 2006 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (MARM), por un montante global de 10.147.219 euros. Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, las competencias del río Guadalquivir pasaron a la comunidad autónoma, que confió el desarrollo de las obras a la Agencia Andaluza del Agua (AAA). Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó el artículo por el cual una autonomía podía asumir las competencias de ríos que discurrieran por más de una CCAA. En este nuevo escenario, las trasferencias volvieron al Gobierno central, que volvió a asumir las competencias de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Este traspaso de competencias retrasó aún más la puesta en funcionamiento de la planta, que depura las aguas residuales de Bollullos y que alcanzan Doñana porque llegan al parque natural. La EDAR tiene una capacidad de pre tratamiento de 339 metros cúbicos y un reactor biológico capaz de depurar 226 m3.

La normativa de la UE que regula el tratamiento de las aguas residuales urbanas data de 1991. Los Estados miembros estaban obligados a determinar antes de que finalizara 1993 las zonas sensibles donde se requería un tratamiento más riguroso (entre esas zonas figuran aquellas donde se extrae agua dulce para que sirva de agua potable). Además, estaban obligados a establecer (antes del 31 de diciembre de 1998) sistemas adecuados para recoger y tratar las aguas antes de su llegada a esas zonas.

Según advierte la Comisión, las aguas residuales sin tratar "pueden estar contaminadas con bacterias y virus nocivos, y esto plantea un indudable riesgo para la salud pública". "Dichas aguas, además, contienen nutrientes (como nitrógeno o fósforo) que pueden ser perjudiciales para el agua dulce y el entorno marino, favoreciendo un proceso de eutrofización; es decir, una proliferación de algas que puede causar la asfixia de otros organismos vivos", apunta el Ejecutivo comunitario.