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Comienza el juicio del empresario marroquí acusado de esclavitud

  • La acusación particular pide 40 años de prisión por los supuestos hechos ocurridos en 2008

El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva acoge hoy a partir de las 13:00 el juicio por la conducta de un empresario marroquí afincado en Cartaya que trató como si fueran "esclavos" a cinco de sus trabajadores, también de Marruecos. Cabe recordar que este juicio se ha aplazado hasta en dos ocasiones en diciembre de 2010 y en junio de 2011 al encontrarse el acusado en paradero desconocido y se había intentando proceder a su extradición a Marruecos.

Los hechos se remontan a 2008, cuando los demandantes se encontraban trabajando en una empresa textil en Marruecos. Fue entonces cuando, según narra el bufete de abogados Osuna, que asume la acusación particular en este proceso, los demandantes conocieron al padre del acusado, que les comunicó que su hijo necesitaba trabajadores para una empresa radicada en Huelva, concretamente en la localidad de Cartaya.

Para su traslado, el empresario supuestamente les pidió 7.500 euros a cada uno de ellos para sufragar los gastos derivados del mismo y los de gestión de los permisos de trabajo y residencia que había que tramitarles en el organismo correspondiente.

El acusado les ofreció un sueldo de 1.500 euros al mes, que nunca les abonó. Por este hecho concreto y según reza el escrito de la acusación, el bufete ya consiguió que fuese condenado en una vía judicial distinta a la penal, en el juicio laboral de reclamación de los salarios. En este caso concreto, fue el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el que finalmente asumió los salarios adeudados dos años después de la denuncia de los trabajadores.

El empresario, que sólo pagó a estos empleados 200 euros por dos meses de trabajo, cantidad que "les tiró al suelo para que lo cogieran" y que debían repartirse entre los cinco, también fijó en su momento que los empleados trabajarían la jornada laboral establecida en España, con categoría de especialistas en textil, que les proporcionaría una vivienda y que los domingos sería su jornada de descanso.

Sin embargo, una vez en Cartaya, se enfrentaron a jornadas laborales de 12 a 15 horas diarias en un espacio "sin ventilación no mayor de 60 metros cuadrados", "produciéndoles toda esta situación problemas de salud", descansando una hora para comer al mediodía. Además "los amenazaba, les impedía que tuvieran trato o conversación con los otros trabajadores y en ocasiones llegó a maltratarles físicamente y a vejarles, golpeándoles y escupiéndoles a la cara".

Tampoco les permitía, según narra la acusación, acudir al baño más de una vez durante la jornada de trabajo y les negaba asistencia médica. En el escrito también se especifica que el acusado les retuvo la documentación.

Los demandantes aseguran que "durante todo el tiempo que estuvieron trabajando para el acusado comían del poco dinero que trajeron de Marruecos y de lo que les proporcionaban los servicios sociales de Cartaya".

En total, la acusación ha solicitado imponer al imputado una pena de prisión de 40 años y multa de 160 meses más 20 días de multa, a razón de seis euros diarios. Por último, considera que el acusado deberá indemnizar a cada defendido, en concepto de daños y perjuicios, con 60.000 euros.

El fiscal, por su parte, ha calificado los hechos como constitutivos de "un delito continuado de estafa, cinco delitos de imposición de condiciones laborales, un delito contra la Administración de Justicia y una falta de lesiones" y solicita para el empresario 14 años de prisión.

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