Unas pérgolas desguazadas y la supuesta utilización de personal y maquinaria municipal para trasladar la madera resultante a la casa de su familia para uso personal pueden convertirse en una auténtica pesadilla para el concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos de Almonte, José Carlos Curto (PP), quien prestará declaración el próximo 13 de noviembre en los juzgados de La Palma del Condado como imputado en la causa abierta para investigar estos hechos.

La titular del Primera Instancia e Instrucción 1 le atribuye inicialmente la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda Pública, tal y como ha confirmado a Huelva Información el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Éste podría derivar, de concretarse, en el de malversación de caudales públicos. La juez achaca idéntico delito a otras cuatro personas más: el encargado de Playas M.B.R., el administrativo F.G.P., el peón de limpieza J.P.P. y el operario de maquinaria A.M.R., todos trabajadores municipales habituales en la plantilla de Matalascañas.

Los hechos que se investigan fueron delatados por el todavía portavoz de los socialistas almonteños, José Villa, en 2013. En la denuncia, el edil hizo constar que presuntamente dos operarios del Ayuntamiento despiezaron unas pérgolas del Paseo Marítimo de Matalascañas (de propiedad municipal), trasladaron los tacos de madera resultantes a la nave de la calle Pozo número 1 del núcleo costero almonteño y que, desde allí y supuestamente bajo las órdenes del encargado de Playa, los llevaron en una retroexcavadora hasta el domicilio particular de los padres y abuelos de Curto "durante varios días".

Villa entregó incluso al equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Palma un vídeo (al que ha tenido acceso este diario y grabado en frebero de 2013) en el que se puede observar con claridad cómo los operarios municipales J.P.P. y A.M.R. arriban con la pala de la excavadora atestada de troncos a la vivienda, ubicada en el sector D y propiedad de los padres del concejal popular. Llaman en varias ocasiones la atención de los inquilinos tocando el claxon del vehículo municipal y depositan una pila de madera en la puerta exterior, la que da acceso al chalé desde la calle. Al rato, una mujer de avanzada edad -presumiblemente, la abuela de Curto- recoge poco a poco los troncos y los introduce en la casa.

El 11 de diciembre de 2013, el operario J.P.P. indicaba a la juez que los hechos que se le imputan "no son ciertos", precisando en la declaración -a la que ha accedido este diario- que fue otro de los imputados, el administrativo F.G.P., quien le ordenó que cortara las pérgolas de madera y que a éste, a su vez, se lo había mandado hacer su superior, el encargado de Playa M.B.R., antes de irse de vacaciones. El trabajador manifestó que "estando allí cortando la madera apareció F.G.P. con el concejal Curto" y que el edil, a sabiendas de que iban a "tirar la madera al almacén", le indicó que "si le importaba dejarle unos cuantos trozos de madera a su abuela", a lo que accedió porque a él y a su compañero A.M.R. "nos pillaba de camino". Agregó que no dio importancia al asunto porque "la madera estaba en mal estado y era para tirarla".

En la misma línea testificó A.M.R. en sede judicial, añadiendo únicamente que entendió que "Curto se lo pidió a J.P.P. como favor". Ante la Guardia Civil, el imputado había precisado además que era el encargado del Playa quien les dio la orden directa de llevar la madera a la casa de los padres de Curto y que estos palos solían utilizarse para alimentar la chimenea del depósito municipal.

Estas declaraciones entran en contradicción, sin embargo, con la realizada por el propio encargado de Playa. M.B.R. señaló que es el jefe de servicio el que da las órdenes de trabajo "con unos partes que le entregan a F.G.P." y que éste le remite. "Me limito a ejecutar lo que viene en los partes sin tomar ninguna decisión propia".

Así, siguiendo órdenes, "lo que hicimos fue quitar las pérgolas porque estaban en mal estado", como refirió que habían concluido los inspectores del Ayuntamiento tras una denuncia de la Policía Local. Los tacos resultantes del despiece de las mismas fueron transportados, dijo a la juez, al almacén municipal de la calle Pozo, del que varios colectivos sociales almonteños "se llevaron los que estaban mejor conservados".

Iba a irse de vacaciones en aquellas fechas, afirmó, así que como tenía intención de depositar la madera en el vertedero dejó dicho a los operarios "que si alguien solicitaba algún trozo, se los podían dar sin problema". Por último, aclaró que desconocía que el destino de "los palos podridos" hubiera sido una vivienda particular y que él se encontraba de vacaciones cuando se produjeron los hechos.