La Junta de Andalucía y el Gobierno central han creado una mesa de trabajo para afianzar la labor de las administraciones sobre el marisqueo ilegal en el Golfo de Cádiz y así atajar esta práctica agudizada en los últimos tiempos a causa de la crisis.

Según datos facilitados a Efe por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a lo largo de la temporada estival -de junio a septiembre- se interpusieron en la costa de Huelva alrededor de 350 denuncias por esta práctica.

Este marisqueo ilegal se lleva a cabo al margen de la normativa higiénico-sanitaria, merma la sostenibilidad de los recursos pesqueros y desestabiliza la actividad profesional de embarcaciones y mariscadores con licencia, poniendo en cuestión la rentabilidad presente y futura del sector.

La mesa de trabajo tiene como objetivo el diseño de un plan de lucha contra la actividad furtiva del marisqueo, tanto a pie como desde una embarcación, para alejar (y concienciar de la necesidad de hacerlo) a las personas no autorizadas de los caladeros del Golfo de Cádiz, en especial, de las 13 zonas de producción de la costa de Huelva, en las desembocaduras y marismas de los ríos Guadiana, Carreras, Piedras y Guadalquivir.

La meta es impedir la captura y distribución de moluscos bivalvos por personas que carezcan de licencia o autorización, evitar la entrada en la cadena alimentaria de moluscos procedentes de zonas cerradas por motivos higiénicos sanitarios o por vedas y controlar el cumplimiento de la normativa de etiquetado y trazabilidad en los centros de expedición o establecimientos de venta.

El éxito pasa, a juicio de la Administración autonómica, por un incremento del control y la vigilancia por parte de los agentes de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica sobre el marisqueo a pie en las playas y en sus accesos durante las horas de bajamar.

Además, se considera necesario intensificar la labor de los inspectores pesqueros en las embarcaciones de marisqueo y mantener de un exhaustivo control en pescaderías y establecimientos de venta al por menor; y por un mayor control, por parte de los agentes de Control Sanitario Oficial (de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales) de la documentación de los lotes en los centros de expedición de moluscos.

En lo que atañe a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, su labor se centra en acrecentar el control de la trazabilidad y el etiquetado por parte de los inspectores de consumo en pescaderías y establecimientos de venta minoristas, bares, restaurantes, quioskos y chiringuitos, así como sobre la venta ambulante callejera.