La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha otorgado el primer paquete de ayudas a los mariscadores de a pie de la coquina del Golfo de Cádiz afectados por el cierre continuado de las zonas de producción de este bivalvo registrado durante el pasado periodo estival a causa de la presencia de la biotoxina DSP. En total, se han concedido 266.000 euros que, procedentes del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), beneficiarán a 266 profesionales, de los que la mayoría, 154, desarrollan su actividad en la provincia de Huelva.

Las subvenciones llegan a los mariscadores, según expuso ayer la delegada territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Josefa González Bayo, después de que la apertura de los primeros enclaves del litoral onubense a la captura y comercialización de la coquina "nos haya permitido contabilizar con exactitud los días que los mariscadores se han visto obligados a detener su actividad". Algo que ocurría, como recordó, el pasado 8 de octubre, una vez que el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya constatara la ausencia de biotoxinas y, por tanto, de riesgos para la salud por el consumo de bivalvos.

González Bayo puso en valor la importancia de este apoyo a un sector que ha padecido durante el verano la desesperación de no poder salir a faenar y, en consecuencia, la imposibilidad de obtener una renta. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que "hemos sido muy sensibles siempre" con esta problemática, "estábamos atados de pies y manos", porque "mientras los análisis no nos dieran resultados negativos no podíamos autorizar el marisqueo, ya que hacerlo significaría poner en peligro a la población o, lo que es lo mismo, un claro ejercicio de irresponsabilidad por nuestra parte".

La delegada se refirió, en este sentido, a la procedencia de estas ayudas para el futuro de la actividad extractiva y transformadora en nuestra provincia y en Andalucía. "El dinero viene del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), vital para el presente ya". Con estas palabras denunció el nuevo "maltrato" y "lo que lleva aparejado" que ha sufrido la región en su conjunto por parte del Gobierno central: "El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nos arrebata 100 millones de euros (lo que equivale a una pérdida del 41,6 por ciento) en el nuevo reparto entre comunidades autónomas, algo para lo que no cabe justificación alguna".