Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva han batido récords en el avezado combate diario que mantienen contra los mariscadores furtivos de bivalvos en el litoral onubense: de enero a junio han aprehendido 2.363 kilos de coquinas, casi una tonelada más que en el primer semestre de 2013 (+69,3%) y un 24,3% más que en todo ese ejercicio, cuando se intervinieron 1.901 kilos. A pesar de que las competencias en la materia son de la Policía Autonómica, la Benemérita colabora estrechamente con ella en la vigilancia de las actividades de marisqueo, lo que ha desembocado en la primera mitad del año en la denuncia de 141 ilegales, 61 más que en el mismo plazo de 2013 y sólo ocho menos que en la anualidad completa (149).

El teniente del Seprona José Antonio Alfaro indica a Huelva Información que los meses más delicados son siempre los de abril y mayo, correspondientes al período de parada biológica en el sector, que concentran además el grueso de la actividad sancionadora de la Benemérita. Se da la circunstancia de que este año a la veda se ha sumado el cierre intermitente de distintas zonas de marisqueo -la Junta de Andalucía es la institución que determina qué áreas se clausuran- por la presencia de toxinas en los bivalvos, lo que desató las protestas de los mariscadores con licencia, que se vieron obligados a permanecer largo tiempo en inactividad o a buscar otros caladeros. "La toxina más habitual es la DSP (lipofílica), que provoca vómitos y diarreas, y que en ciertos sectores de la población, como niños y ancianos, puede ser muy dañina", recalca el teniente, quien subraya que no se trata de una leyenda urbana, sino de una realidad que puede constituir un serio riesgo para la salud pública.

Aunque el marisqueo no autorizado tiene presencia en todo el litoral onubense, el mando del Seprona apunta a la playa ayamontina de Isla Canela como "la zona más castigada". Esto ha motivado que tanto la Junta de Andalucía como el Instituto Armado hayan realizado "un importante esfuerzo" para batallar contra esta práctica ilegal tanto a pie (con rastro o taladro) como desde embarcación.

Pero esta primavera ha sido singular y otras dos zonas emergen en el mapa de las áreas más vulnerables de la línea costera de Huelva: Matalascañas y Doñana. "La falta de marisco en Isla Canela ha trasladado a los mariscadores furtivos, lo que ha provocado que este año hayamos centrado nuestra actuación en estas dos zonas, mientras que el año pasado las actuaciones estaban más repartidas", detalla el teniente Alfaro.

En este punto, aprovecha para desmentir las manifestaciones realizadas el pasado 21 de mayo por el presidente de la asociación de mariscadores de Nueva Umbría, Antonio Márquez, quien indicó a la agencia Efe que habían desafiado a la Administración autonómica y, pese a las toxinas, habían mariscado en Matalascañas, indicando que lo hicieron "ante agentes del Seprona y de la Junta de Andalucía, quienes ni siquiera se han acercado, por lo que no hemos sido denunciados y por tanto no nos pueden sancionar".

Alfaro precisa que aquella jornada, "puestos en contacto con la Inspección Pesquera, nos coordinamos para actuar y evitar que se produjesen los hechos, que constituirían un grave peligro para la salud pública". Alrededor de cincuenta mariscadores se introdujeron en el agua con los rastros llegado el momento, "permaneciendo por espacio de unos diez minutos en el agua y saliendo a continuación; evidentemente, no habían mariscado, pero para confirmarlo todos y cada uno de ellos fue identificado a la salida de Matalascañas, comprobando que no portaban ni una sola coquina", enfatiza. El trabajo no terminó ahí. "Permanecimos en esa zona dos o tres horas más, en las cuales se interceptó a dos mariscadores furtivos, devolviendo al agua unos cincuenta kilos de coquina".

A cada mariscador sin licencia atajado la Guardia Civil le requisa el rastro, que se precinta y se adjunta a la denuncia. Corresponde a la Delegación de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente decidir qué hace con el taladro cuando la sanción administrativa es firme, procediendo habitualmente a su destrucción. La coquina incautada es devuelta en el instante de la incautación al mar, maniobra conocida como "sembrar", y se deja constancia fotográfica de ello.

Cuando los furtivos trabajan desde una embarcación, el Seprona les decomisa el arte de pesca -denominado daniel-, "que es mucho más dañino para la especie", ya que es capaz de extraer un gran número de kilos del bivalvo cada vez que faenan. Si el barco es ilegal (no está foliado), "se incauta también y, finalmente, la Delegación también ordena su destrucción".

Los agentes que interceptan a los ilegales también ponen el caso en conocimiento de la Seguridad Social, ya que los furtivos están realizando una actividad económica sin regularizar. Alfaro agrega que "esta denuncia va acompañada de un histórico de denuncias similares de la misma persona para demostrar la habitualidad o no de esta actividad".

La Benemérita trabaja el sector de la inspección marisquera en base al Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (Paciap), a través del que lleva a cabo "actuaciones de vigilancia del transporte de pescado en carreteras, así como en lonjas, mercados, e incluso en bares, chiringuitos y restaurantes". En el mar, los centinelas son los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y los inspectores de Pesca del Estado.

Se controla si el origen del pescado o del marisco es lícito (trazabilidad) y si la talla es o no reglamentaria para evitar el consumo de inmaduros. En este sentido, el Seprona se incautó en 2013 de más de 15.000 kilos ilegales de estos productos.

Una de las operaciones más importantes de la unidad en este sentido fue la que se llevó a cabo en 2009. Con la intención de detectar los cauces de distribución de la coquina en época de veda por toxinas, los especialistas lograron detener a cinco personas que luego fueron condenadas por un delito contra la salud pública, "al haberse acreditado que habían puesto en circulación (a sabiendas) marisco intoxicado, intentando legalizarlo con etiquetas falsas provenientes de Portugal, donde no había veda". Y un aviso a navegantes: "Este año se repetirán estas acciones", afirma el teniente.

Finalmente, indica que cada verano la Benemérita denuncia también a los bañistas que cogen las coquinas a pie durante la bajamar. "Algunos se llevan más de un kilo e, independientemente de que haya o no veda, están haciendo un grave daño a la especie porque no seleccionan entre maduras e inmaduras (2,5 centímetros es la medida mínima, lo que equivale a una moneda de dos euros) y porque perjudican gravemente a los mariscadores autorizados". El Seprona pide la colaboración ciudadana para evitar que una apacible tarde playera acabe en una denuncia que puede ascender a los 300 euros.