Un verano después se repite prácticamente la misma historia en Isla Cristina y, frente a la implantación de un sistema de cobro por estacionar en las calles de la localidad (zona ORA), numerosos vecinos, visitantes, empresarios y fuerzas políticas han mostrado su rechazo a la iniciativa. Una oposición que parece estar en el origen de algunos de los retrasos que está sufriendo la entrada en vigor del sistema. El pasado día 4 de julio, la alcaldesa, la socialista María Luisa Faneca, emitió un bando en el que indicó como fechas para el funcionamiento del estacionamiento limitado del 15 de junio al 15 de septiembre. Posteriormente se señaló para el inicio la jornada de hoy. Y finalmente, fuentes municipales confirmaron ayer a este periódico que el día señalado es "definitivamente el próximo 1 de agosto", manteniéndose en todo caso como fecha final el 15 de septiembre.

Pese a ello, el malestar está en la calle y si el año pasado las quejas se centraron en el sistema elegido, basado en cámaras y aparatos electrónicos que registraban automáticamente los datos del vehículo (el cual casi nadie llegó a entender, siendo incluso objeto de una especie de boicot por parte de los vecinos, que optaron por no aparcar en la zona de pago), en esta ocasión, tras el cambio de empresa concesionaria y del sistema de pago, que ha sido sustituido por uno más convencional, las críticas se dirigen a la ampliación de las áreas de pago. Según Izquierda Unida, "casi el 80% de las grandes avenidas y zonas céntricas del pueblo" están afectadas.

Según el propio bando municipal del 4 de julio, las nuevas zonas de pago afectan a 3.900 plazas (en Isla Cristina hay censados 7.185 automóviles según los datos de la edición 2013 del Anuario Económico de España de La Caixa), siendo 1.500 de ellas de aparcamiento en línea y 2.400 en batería. Por otra parte, 108 de las 3.900 plazas son de zona azul (gran equipamiento comercial con una importante demanda de estacionamiento y una alta rotación), 1.395 de zona naranja (con preferencia para los residentes), 1.558 de zona verde (vías de baja rotación y larga estancia) y 839 de zona roja (el perímetro del centro de protección de la ciudad).

Fuentes municipales, aunque admiten que las zonas de pago han sido ampliadas, aseguraron a Huelva Información "no entender" las críticas, sobre todo las provenientes del Partido Popular isleño, "cuando la zona de pago sólo va a funcionar del 1 de agosto al 15 de septiembre, frente a lo que sucede en otros municipios donde gobiernan, como en Lepe, donde funciona todo el año y no pasa nada". Además, desde el Ayuntamiento también han querido dejar muy claro que "los residentes se van a beneficiar de tarifas especiales".

Pese a todo, las quejas son imparables y, en los últimos días, se están canalizado de distinta forma: bien a través de las redes sociales, llamando a los ciudadanos a rechazar la medida e incluso a movilizarse contra ella; bien a través de firmas que los vecinos están plasmando en los distintos pliegos que se reparten por la mayoría de comercios locales, como es el caso de la iniciativa que promueve la recién constituida asamblea local de IU.

Pero sin duda el caso que más llama la atención es el de Juan Carlos Vélez, un vecino de Isla Cristina que, de forma totalmente personal y en solitario, ha emprendido otra campaña de recogida de firmas que en sólo cuatro días "ya cuenta con la rúbrica de casi 2.000 personas, entre vecinos, visitantes y empresarios".

Vélez se define como "un ciudadano normal de a pie" que ha "sentido la necesidad de iniciar una campaña contra lo que considera una medida desproporcionada y abusiva, no tanto por la implantación de la zona ORA en sí, sino sobre todo por su gran extensión y por el gran número de calles a las que afecta". Ampliación que atribuye a un intento de "evitar el boicot del año pasado y aumentar así la recaudación. Y es que "si el año pasado sólo se implantó en las principales calles del centro, las más comerciales, en esta ocasión se ha extendido hasta las zonas residenciales, las playas y el resto de zonas turísticas, en las que habitualmente no hay problemas de aparcamiento y, por tanto, no existe necesidad de fomentar la rotación". Es por ello por lo que está convencido de que "se trata de una medida recaudatoria abusiva y desproporcionada que incluso va contra el sector turístico".

Afirma que se le ocurrió la idea "porque en Isla Cristina estamos acostumbrados a hablar y quejarnos en los bares y, más recientemente en las redes sociales, y de esta forma se dejará más constancia del descontento y rechazo existentes hacia la medida entre los ciudadanos y los visitantes en general".

Vélez también asegura que, pese a estar "inicialmente solo, también es verdad que cada vez me siento más apoyado especialmente por los comerciantes, que están negros, pero en general por todos los ciudadanos, que no paran de llamarme para solicitarme más pliegos de firmas".

Además, concluye, "estoy detectando que la gente en general no se opone a la zona ORA, y sí frontalmente al abuso de la ampliación de las zonas de pago". No se ha puesto fecha para acabar la campaña, aunque esperará que pase un tiempo prudencial para después "presentar todas las firmas a las autoridades municipales y, llegado el caso, remitírselas también al Defensor del Pueblo Andaluz, así como a otros organismos que puedan defender esta causa".

El PP local define la medida como un "despropósito", aunque dicha formación política también ha querido dejar claro en un comunicado que "no estamos en contra de una zona reguladora del estacionamiento público en determinadas zonas porque beneficia la rotación de vehículos y facilita el buen aparcamiento". Con lo que no están de acuerdo, prosiguen los populares es con que "no se den alternativas de aparcamiento a los ciudadanos mientras se privatizan grandes sectores con un único afán recaudatorio".