Cuenca minera

Estallan las movilizaciones por los impagos de la Mancomunidad

  • Los 84 trabajadores que conforman la plantilla abren un calendario de protestas con un paro a las puertas del ente supramunicipal que se sucederá semanalmente

La profunda crisis económica que azota a las arcas de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, traducida en retrasos en el pago de las nóminas como consecuencia directa de la situación de endeudamiento que impide a los ayuntamientos (sobre todo, a los de Nerva y Minas de Riotinto) realizar sus aportaciones mensuales, estalló ayer en forma de movilizaciones laborales. Los 84 trabajadores que conforman en la actualidad la plantilla del ente supramunicipal protagonizaron, en torno a las 13 horas, un paro de treinta minutos a las puertas de la sede de la institución comarcal. Una acción que se repetirá, de forma rotacional, según informó la delegada sindical de UGT María del Carmen Sánchez, todos los martes y jueves de las próximas semanas en los aledaños de los distintos consistorios mineros.

La decisión del inicio de las protestas fue tomada tras la celebración de una reunión con los alcaldes de la Cuenca, en la que éstos anunciaron que ya se había transferido el salario correspondiente al mes de mayo y que el de junio sería abonado en cuanto la Mancomunidad recibiera los 400.000 euros del crédito solicitado a la entidad bancaria Cajasol.

El préstamo equivale al valor de las subvenciones que está pendiente de recibir el órgano presidido por el alcalde de Zalamea la Real, el socialista Vicente Zarza, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Huelva a raíz de la conclusión de diversos programas de formación y empleo, instante estipulado para que estas administraciones inyecten el 25 por ciento del presupuesto de cada iniciativa.

El otro pilar del encuentro entre los representantes sindicales y los regidores de la zona fue el compromiso de los ayuntamientos a ingresar de forma puntual, como mínimo, el capital relativo a la estructura básica, cifrado, bajo las estimaciones de Zarza, en unos 21.000 euros mensuales. Con ello, quedarían cubiertos los gastos de los cuatro empleados fijos, la intervención, el capítulo financiero y los intereses del crédito solicitado. "Se trata del volumen de dinero que permitiría el funcionamiento normal de la Mancomunidad si estuviera exenta de sufragar parte alguna de los costes de los planes formativos y de inserción laboral, es decir, si éstos estuvieran subvencionados al cien por cien", puntualizó el máximo dirigente político de la comarca.

De esta forma, como reconoce María del Carmen Sánchez, está asegurado, al menos, el cobro de los próximos sueldos. "El problema es el futuro, en la medida en que más allá de estas soluciones no hay nada que garantice un clima de estabilidad, de ausencia de dilaciones en el pago de las nóminas". En este punto, surge la incógnita de si pueblos como Nerva y Minas de Riotinto (los principales deudores), en quienes recae la obligación de cubrir casi el 60 por ciento de la cuantía total que los siete consistorios de la Cuenca deben traspasar al órgano supramunicipal, podrán cumplir esa promesa. De hecho, el primero, que debe hacer frente a más de 6.000 euros de los gastos de estructura, sólo ha realizado a la Mancomunidad dos ingresos de 5.000 euros en el mandato inaugurado tras los comicios del 27 de mayo de 2007. No obstante, esto supone ya un avance, en la medida en que, en el cómputo de las legislaturas anteriores, el Ayuntamiento nervense, en palabras de Vicente Zarza, sólo abonó 2.000 euros.

La Mancomunidad Condado-Campiña, por su parte, que aglutinó en su fundación a 18 municipios, firmó en su último Pleno su acta de defunción. Su máximo representante, el socialista Carlos Sánchez, señalaba que lo más sensato es dar por finiquitada una entidad cuya falta de recursos e incumplimientos por parte de ciertos ayuntamientos han hecho inviable la prestación de unos servicios mínimos que den cumplimiento a los objetivos troncales con los que se engendró la entidad.

Sánchez no ha podido avanzar ni concretar las deudas que mantiene dicha institución, si bien ha precisado que una vez que los ayuntamiento vallan corroborando la disolución de la entidad se procederá a una última sesión plenaria, en la cual se dará cumplimiento al protocolo de actuación que marcan los estatutos para estos casos.

Uno de los municipios que ya han cumplido este trámite ha sido Bonares que respaldó por unanimidad la disolución de la entidad. Su alcalde, Juan Antonio García, reconocía que "la falta de compromiso" de ciertas entidades locales han hecho inviable la continuidad del ente.

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