Provincia

Penúltima protesta contra el peaje

  • La Comisión de Usuarios de la Vía do Infante inicia una campaña para pedir que no se pague

La región portuguesa del Algarve tiene unos perjuicios financieros que rondan los 100 millones de euros anuales, entre tasas, costes de la empresa concesionaria que gestiona el peaje de la Vía do Infante (A-22) y lo que deja de ingresar por la bajada del turismo. Así lo aseguró a Huelva Información el portavoz de la Comisión de Usuarios de la Vía do Infante (CUVI), Joao Vasconcelos, durante la protesta de una veintena de activistas contra los peajes en las autopistas portuguesas llevado a cabo el Viernes Santo en el puesto fronterizo hispano-luso que separa las localidades de Ayamonte y Castro Marim, justo en el lugar donde se encuentran los sistemas telemáticos para hacer efectivo el pago de dicha tasa, instaurada por el Gobierno luso hace ahora dos años.

Vasconcelos aseguró que la región del Algarve ha dejado de recibir, desde que se implantó la obligatoriedad de pagar por el uso de la A-22, entre un 25 y un 30% de turistas con respecto a antes de su entrada en vigor, sobre todo españoles y más concretamente de Huelva y el resto de Andalucía.

Fuertemente custodiados por casi una quincena de guardiñas de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa, los activistas algarvíos desplegaron en la zona del pago del peaje numerosas pancartas y carteles que incluyeron consignas contra la medida e información sobre sus principales consecuencias, al tiempo que animaron a los conductores que iban a acceder a la A-22 a no pagar la tasa. Durante la protesta, los agentes de la GNR obligaron a los activistas a retirarse a un lateral de la zona de pago, por lo que tuvieron que abandonar toda la zona del peaje que habían ocupado en los primeros momentos de la acción.

La Comisión de Usuarios cree, según explicó su portavoz a este periódico, que esta situación, que se mantiene desde hace dos años, "es una auténtica vergüenza y un escándalo, además de absurda e inconcebible y está perjudicando seriamente la situación de crisis económica y social en la región del Algarve, para la cual está suponiendo una ruina". Igualmente lamentó que los turistas que viajan hasta el Algarve, principalmente españoles, "se estén enfrentando a este injusto sistema de pago, digno de un país del Tercer Mundo".

Esta protesta es la primera de las programadas para una nueva fase de movilizaciones contra el peaje tras la reciente celebración de un foro promovido por la CUVI, con el apoyo y la colaboración de la Cámara de Loulé y de otras organizaciones, entre ellas la Federación Onubense de Empresarios (FOE). Según la Comisión de Usuarios, a través de este foro se está constituyendo una gran plataforma contra la medida, con representación de ambos lados de la frontera, con el principal objetivo de eliminar el peaje mediante una serie de iniciativas que se formalizarán en una próxima reunión.

En dicho foro, organizaciones empresariales y ciudadanas portuguesas y españolas, entre ellas la Cámara de Comercio de Andalucía representada por la FOE, suscribieron a finales de marzo el Manifiesto del Algarve, en el que resumen los perjuicios que ha supuesto el peaje en esta región lusa.

Para los integrantes de la asociación, existe un problema económico potencial en el Algarve con este peaje, y se están perdiendo opciones de negocio con respecto a otras zonas turísticas, por lo que se reclama la ayuda de "agentes económicos, políticos, sociales, culturales y económicos".

En el foro, celebrado bajo el título Dos años de peajes: ruinoso para el Algarve, se expusieron los principales datos que se recogen en el manifiesto, que recuerda que la autopista que vertebra todo el Algarve se construyó con ayuda de fondos europeos, con lo que cobrar por circular en ella es rechazado por todos los firmantes. Igualmente recuerdan que la única alternativa a la autopista es la Nacional 125, "que actualmente es una de las carreteras más peligrosas de Europa", sin que esté previsto que se adecente su estado.

Esta misma semana, el Gobierno luso informó del incremento de controles policiales en esta autovía al objeto de garantizar el pago del peaje por parte de los conductores españoles, tras detectar que un gran porcentaje de ellos están dejando de hacerlo.

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