El sector del ibérico de la provincia, representado mayoritariamente por Asaja-Huelva y la Asociación de Industrias de la Carne de Huelva (AIC), así como el Foro para la Defensa y Conservación de la Dehesa, Encinal, se han personado ante la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal Supremo, en los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por la Comunidad Autónoma de Castilla León y por algunas organizaciones agrarias y asociaciones sectoriales de la comunidad autónoma contra el real decreto de 10 de enero por el que se aprobó la Norma de Calidad para la Carne, el Jamón, la Paleta y la Caña de Lomo Ibérico, que entró plenamente en vigo el pasado mes de marzo.

Las entidades onubenses buscan así comparecer en los procedimientos y ser parte interesada en los mismos, conocer los motivos y fundamentos por los que las entidades recurrentes consideran que el citado reglamento no se ajusta a derecho y, en última instancia, oponerse a los recursos interpuestos por Castilla y León ante el Supremo, que se basan fundamentalmente en su oposición al uso del término "pata negra" que dicta la norma y a la obligación de especificar el porcentaje de pureza racial en los etiquetados de los productos.

Para José Luis García-Palacios, presidente de Asaja-Huelva y de Encinal, las entidades recurrentes "tratan de justificar así unos planteamientos iniciales tan descabellados como vacíos de razón". De esta manera, con los recursos, que fueron publicados en el BOE el pasado 3 de abril, "intentan igualmente simular una afrenta a un modo paralelo productivo del cerdo ibérico, poco relacionado con aquello que todo consumidor asocia con este sector y que en los últimos años se ha prodigado al albur de las anteriores normas", explica.

Unas normas que, a juicio de García-Palacios, provocaban una situación "a todas luces insostenible, si realmente este país pretendía que el sector productor del legítimo, único y exclusivo ibérico sobreviviese".

Para ello, para terminar con una situación perjudicial para el producto genuino, "había que atajar el problema de raíz, cambiando la normativa que permitía que en España se produjesen cada año cientos de miles de productos derivados de cerdos cruzados con ibérico sin su debida identificación, cebados de forma intensiva en naves industriales, con denominaciones de ibérico y con imágenes alusivas a una raza, una alimentación y una crianza que no han conocido siquiera. Esto es lo más cercano a un fraude", zanja el presidente de Asaja y Encinal.

En los términos similares se expresa Alfredo Martín, presidente de la AIC- Huelva, una entidad independiente adscrita a la Federación Onubense de Empresarios que, junto a Asaja-Huelva, puso en marcha el Manifiesto en Defensa de la Raza Porcina Ibérica, integrado por un centenar de entidades de toda España y detonante del cambio de norma.

Martín considera la actitud de quienes se oponen al actual reglamento es "competencia desleal, al fin y al cabo". "Ellos no quieren llamar a las cosas por su nombre, quieren enmascarar lo suyo amparándose en lo que hacen los demás", denuncia.

"Entendemos que especificar el porcentaje de raza y otro tipo de información es ser sinceros", algo que para Alfredo Martín repercute sobre todo en la percepción que el público tiene sobre el sector. "El consumidor debe poder elegir con información y lo contrario, al final, perjudica al consumo, porque el que compra un producto a un precio y no obtiene el resultado esperado, deja de comprarlo", explica.

"Todos tenemos nuestro mercado y cada uno debe hacerlo y venderlo lo mejor posible dentro de su categoría", afirma Martín, algo que es posible gracias a una norma que "no es perfecta", comprende García-Palacios, pero "refleja más fielmente la realidad que la anterior" y "pone coto al libertinaje comercial y publicitario que ha campado a sus anchas en este sector en el que a partir de ahora se deberán identificar los orígenes y la alimentación", celebra.