Provincia

Los regantes se movilizan para exigir a la Junta 6.000 metros cúbicos de agua por hectárea

  • Ocho comunidades se unen contra la "arbitrariedad" de la Consejería de Medio Ambiente en el reparto de los derechos

Ocho comunidades de regantes de la Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras acusan de "arbitraria" a la Junta de Andalucía en el reparto de los derechos para regadíos. Según denunciaron en un comunicado estos colectivos, "después de décadas regando en régimen de precario y haber realizado inversiones por valor de cientos de millones de euros, las 41.000 hectáreas representadas por estas comunidades de regantes están en serio peligro de supervivencia. Y no es por falta de recursos hídricos o de mercados para sus cosechas -apostillaron-, sino por una decisión política de la Consejería de Medio Ambiente al proponer a sabiendas concesiones de aguas superficiales definitivas con dotaciones totalmente insuficientes para garantizar la viabilidad de las explotaciones".

Estas comunidades de regantes -que abarcan la del Chanza y El Piedras, la del Piedras-Guadiana, la del Andévalo Almendro, Onuba, Palos de la Frontera, Sur-Andévalo, Valdemaría y Andévalo-Guadiana- entienden que esa dotación no puede ser otra que los 6.000 metros cúbicos por hectárea con independencia del cultivo.

Sostienen que "a fin de que los onubenses tengan conocimiento del serio riesgo que asume la economía de muchas de sus poblaciones y que con toda seguridad dará al traste con su débil recuperación, denunciamos una imposición política que atenta contra uno de los pilares básicos de la economía provincia, por ende fuente inagotable de creación de puestos de trabajo".

Los colectivos referidos aglutinan 5.500 comuneros, "todos ellos propietarios de parcelas de riego que pagan religiosamente sus facturas de agua", indican. Un volumen que supone el 90% del total usado para regadíos.

Los regantes reclaman seguridad jurídica para sus explotaciones después de las fuertes inversiones realizadas "y con ello -apuntan- garantizar el sostenimiento del empleo generado, que es lo que reclama la ciudadanía". Es por ello que esgrimen que "la Administración andaluza, que ha concedido durante décadas caudales de riego y financiado con fondos públicos la transformación de decenas de miles de hectáreas, no puede ahora jugar con el futuro de los comuneros, quienes están escandalizados con los criterios arbitrarios aplicados por la Consejería al proponer la primera concesión definitiva en esta demarcación hidrográfica".

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