La Junta de Castilla y León (gobernada por el PP) advirtió ayer de que recurrirá "en vía contencioso-administrativa" la nueva norma del ibérico si el Ministerio de Agricultura no atiende a un requerimiento previo que hará, en el plazo de 15 días, para que cambie determinados aspectos de esta normativa.

El requerimiento previo se efectuará tras un análisis jurídico en profundidad, según precisó la consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, tras la reunión la Mesa Sectorial del Ibérico de Castilla y León.

Clemente entiende que es "de dudosa legalidad" la mención que se hace en la norma sobre el porcentaje de raza ibérica y el uso de la expresión "pata negra".

La consejera, que estuvo respaldada por ganaderos e industriales de porcino de Castilla y León, aseguró que al ver la norma que aprobó el Consejo de Ministros "he tenido un desencanto, descontento y frustración".

Aunque reconoció que el texto que se aprobó el viernes "ha avanzado en algunos aspectos respecto a la idea inicial", Silvia Clemente añadió que "no era necesaria una nueva norma, porque hubiese sido suficiente mantener la anterior, aplicándole algunas modificaciones y un programa de control nacional".

Estas afirmaciones se basan, según argumentó, en un análisis preliminar de los servicios jurídicos de su Consejería, que han determinado "aspectos de dudosa legalidad".

En primer lugar, entienden que revelan una contradicción entre esta nueva norma y el reglamento europeo sobre la mención que debe hacerse del porcentaje de la raza ibérica, pues en su opinión "no se puede disponer por un Estado que algo sea obligatorio cuando Europa no lo recoge de esa manera".

Además, el uso de la mención de pata negra "no se puede establecer con carácter obligatorio", añadió la consejera de Agricultura y Ganadería.

Estas puntualizaciones han sido respaldadas y apoyadas por los industriales y los representantes de organizaciones agrarias y ganaderas, quienes en términos generales han reclamado "unidad e ir todos de la mano" para reclamar al Ministerio.

Así, Carlos Díaz, presidente de Iberiace (la asociación que agrupa a más del 95% de las empresas elaboradoras del sector del cerdo ibérico), reconoció que, aunque hay una "parte positiva" en la nueva norma, ésta tiene "tintes de estar a favor de determinadas producciones y comunidades autónomas".

La mitad del ibérico puro se produce en Andalucía y la otra mitad en Extremadura, mientras que en Castilla y León "la mayoría es cruzado".

Donaciano Dujo, por Asaja, destacó la coordinación y la unidad de la Mesa del Porcino de Castilla y León e insistió en que la nueva norma "beneficia al porcino que no se produce en esta comunidad autónoma" (refiriéndose a Andalucía).

Aurelio González, representante de la Alianza por la Unidad del Campo, explicó que una norma debe servir "para regular la comercialización o la transformación de un sector, en ningún momento debe favorecer una línea de trabajo que sólo está en una región".

Por su parte, Jesús Manuel González Palacín, secretario regional de la Unión de Campesinos (UCCL), definió la nueva norma del ibérico como "lesiva para Castilla y León" ya que, en su opinión, apuesta "por la raza pura y la alimentación cien por cien de bellota y eso, en su mayoría, no está en esta comunidad".

González Palacín fue el único representante de una organización agraria que exigió una "presión política" para evitar que siga adelante esta norma, ya que considera que "Castilla y León se juega mucho".

En Castilla y León hay 820.000 cabezas de porcino ibérico en alrededor de 1.700 explotaciones, con 350 empresas, dedicadas a este sector que genera más de 20.000 empleos y factura 600 millones de euros anuales.