Aproindo SL se hizo en junio de 2003 con la adjudicación de la planta de reciclaje de escombros de Almonte. Las obras las asumía la empresa a cambio de recibir 240.040 euros (16.000 euros al año) por el total de 15 años en los que se fijó la concesión administrativa, condiciones que después de poco más de un mes se modificaron para pasar a desembolsarse 540.000 euros (más del doble) por cada uno de los treinta años a los que se amplió el contrato, lo que supone multiplicar por 33,75 el valor inicial de la adjudicación.

La planta de reciclaje fue un proyecto para dar una respuesta medioambiental al incremento de residuos que generaba un desbocado sector de la construcción en el municipio almonteño. Para ello, el Ayuntamiento convocó un concurso por procedimiento abierto en cuyo pliego de cláusulas figuraban que la concesión se realizaría por un plazo de quince años. Bajo estas reglas de juego, la empresa cobraría un total de 240.40 euros que servirían para amortiguar la inversión inicial que tendrían que acometer los empresarios en una parcela pública. Entretanto, las tasas abonadas por los usuarios marcarían el beneficio empresarial.

A dicho concurso únicamente se presentaron dos empresas: Reciclados y Materiales de Construcción Huelva SRL, descartada por presentarse fuera de plazo; y Aproindo SL, que hizo lo propio en fecha y forma el día 20 de junio de 2003, si bien el propio informe jurídico ya señala que "la fecha está escrita a mano, cuando el resto del escrito está redactado a máquina". Más allá de esta puntualización, la comisión técnica que evaluó las propuestas empresariales se encontraba integrada por los ediles Antonio García y Azucena León, así como el secretario accidental, Juan Adolfo Arangüete (encausado penalmente por otras actuaciones en el desempeño de su función municipal). Es decir, se prescindió de la supervisión o asesoramiento de ingenieros industriales, arquitecto, o técnico de medio ambiente.

A pesar de que el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (número 128 del 5 de junio de 2003) fijaba el canon en 240.040 euros, sólo 40 días más tarde, sin que el Pleno municipal avalara esta operación, el entonces alcalde socialista, Francisco Bella, y un representante de la empresa decidieron modificar sustancialmente el acuerdo en virtud de un "error involuntario". Para ello alegaron que "la adjudicación se hizo por la cantidad de 240.040 euros con carácter anual y pagadero por certificaciones mensuales". De este modo, el montante global que tendría que percibir Aproindo por sus quince años de servicios pasó a multiplicarse exponencialmente. Un sólo cambio reportaría ahora a la empresa 3,6 millones de euros.

Aunque la redacción del contrato pudiera dar pie a diferentes interpretaciones, la solución adoptada para corregir la confusión en la redacción del concurso privó al resto de empresas de acceder a pujar en las nuevas condiciones.

No sería el único beneficio que iba a obtener esta empresa por parte de los entonces dirigentes municipales. En octubre de 2003, en una comisión informativa, se aprobó ampliar el plazo de la concesión a treinta años, lo que garantizaba a la empresa otros 3,6 millones de euros más. Para justificar esta medida, que tampoco fue aprobada por Pleno, se indicó que el objetivo era "mantener el equilibrio financiero de la inversión solicitada, ya que el cálculo realizado para amortizar la inversión se hizo sobre un total de 600.000 euros, y la proyectada, que garantiza la viabilidad, asciende a 2 millones de euros".

Para este nuevo cambio del contrato de prestación de servicios se invocó el "interés público", haciendo caso omiso al punto quinto de las cláusulas administrativas, que indica en su punto sexto que "la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario y éste no tendrá derecho a indemnización por causas de averías, pérdidas o perjuicios ocasionados en la explotación del servicio".

Sin embargo, frente a supuestas pérdidas, el equipo de gobierno socialista acudió en socorro de la empresa. No fue la última vez. El incremento del IPC que establecía el contrato de prestación de servicios volvió a mostrarse insuficiente a ojos de la entidad almonteña. Para ello, el 7 de marzo de 2007, volvió a solicitar una cuarta revisión al alza del contrato, alegando, en esta ocasión, que sufría un déficit de 28.648 euros. Para reclamar el carácter retroactivo, se añadía que ya se había presentado una revisión, a principios de enero (aunque tal documento no figura en expediente alguno).

En cualquier caso, según fuentes del equipo de gobierno (PP), el ex alcalde socialista decidió que las pérdidas de una empresa privada tenían que ser asumidas por todos los almonteños y accedió a incrementar el canon anual hasta los 536.000 euros (1.470 euros diarios).

Este periódico se ha puesto en contacto con Ezequiel Bañez, gerente de Aproindo, quien declinó la posibilidad de utilizar su derecho a réplica, a la par que anunció "la adopción de medidas legales" contra el Ayuntamiento.