El Consejo de Participación de Doñana rechazó ayer el anteproyecto de ley de Parques Naturales que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente, si bien su presidente, Miguel Delibes, optó por la abstención. La Junta de Andalucía, a través de sus representantes, impuso su mayoría representativa en el sanedrín, contando además con el respaldo de las organizaciones ecologistas.

El Ciecema de Almonte acogió una votación desangelada, tras abandonar la sesión la mayor parte de los representantes. Las organizaciones ecologistas censuraron la actitud de ayuntamientos y organizaciones sociales y empresariales, que "se llenan la boca reclamando participación y, posteriormente, evidencian este desinterés cuando se abordan temas que no les afecta de forma directa".

A la hora de la tramitación del punto sólo permanecieron en sus asientos los alcaldes de Aznalcázar, Villamanrique y Almonte, haciéndose más evidente si cabe la ausencia del propio secretario de Estado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Federico Ramos. Fue posteriormente (y través de una nota de prensa) como Ramos defendió el "consenso" con el que se ha dado forma a la futura ley tras pasar distintos filtros a través de la Conferencia Sectorial, en la que estuvieron presentes todas las comunidades autónomas; en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, así como tras presentarse y discutirse en reuniones de Patronatos, en el Comité de Espacios Naturales, en sesiones técnicas con los directores de los parques nacionales, con organizaciones ecologistas y en el Consejo de la Red.

El representante del Ministerio defendió que se trata de un "documento maduro" que nace con el objetivo de "hacer viable una mejor coordinación y colaboración de toda la Red de Espacios Naturales y de prestar ayuda técnica y financiera a los parques que más lo necesiten".

Debido al hecho de que el Consejo de Participación tiene vetado el acceso a los medios de comunicación, fue imposible conocer más pormenorizadamente las razones esgrimidas por la Consejería para oponerse a la futura Ley, si bien el principal argumento fue la invasión de competencias del Gobierno Central en parcelas que, entienden, han de ser exclusivas de las administraciones autonómicas.

Tanto Ecologistas en Acción como WWF alabaron la participación brindada a la hora de cocinar el anteproyecto de ley, si bien censuraron que el Gobierno de España "quiera abrir la puerta a la posibilidad de que entidades privadas puedan cazar en los parques naturales" cuando sea necesario llevar a cabo el control de especies.

El otro elemento que declinó el sentido de su voto fue la posibilidad de que se permita (no en Doñana pero sí en otros parques) la navegación y vuelo en globo. Por último, la oposición a la ley abogó por mantener el actual estatus quo y continuar rigiéndose por la Ley 5/2007, que actualmente se encuentra en vigor".

El Consejo también instó a reclamar al Ministerio las subvenciones vinculadas a las áreas de influencia de los parques nacionales, que beneficiaban a ayuntamientos, empresarios y entidades sociales.

Con anterioridad, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, se estrenó en el Consejo con un discurso donde mostró su interés por "conciliar la dimensión ambiental con la economía y la sociedad" como vehículo con el que "salir de la crisis y preservar el territorio".

Sin ofrecer cifras de inversión para el próximo curso, se marcó a seguir proyectos como el empleo verde, "cuyo 18% se localiza en Andalucía" y en el cual convergen los objetivos de "conservación de la naturaleza y de dinamización socioeconómica". Por último, Serrano destacó las bondades de contar con un único Plan de Ordenación de Recursos Naturales que fusiona el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (Porn) y el Plan Rector de Uso y Gestión (Prug).