Un alquiler social. Esta es la demanda de más de medio centenar de familias de Bollullos que han optado por tomar como okupas la urbanización 3 de Abril, cuyos ochenta adosados permanecían cerrados desde hace más de dos años y cuya titularidad está a expensas de resolverse en uno de los tantos litigios que ha dejado a su paso el tsunami económico de la burbuja inmobiliaria.

El portavoz de los vecinos, Rogelio Martínez, explica que el complejo residencial dispone de inmuebles con dos baños, terraza y entre tres y cinco habitaciones. Sus nuevos inquilinos son familias que "se encontraban en la calle", sostiene. Se trata de una situación que tachan de "vergonzosa", a la par que coexisten viviendas sin habitar que estaban sufriendo continuos robos. Precisamente defiende que uno de los beneficios de residir aquí es que la urbanización deja de ser fantasma y disuade a los amigos de lo ajeno, quienes habían extraído los lavabos, váteres y cableado eléctrico.

Sin embargo, los hogares que contaban con propietarios han sido "respetados", dado que insisten en que su voluntad no es apropiarse de nada ajeno, sino hacer uso de un bien de primera necesidad.

Martínez recalca que desconoce la situación legal contractual, si bien se han puesto en contacto con la entidad bancaria para "negociar un alquiler social" para cada uno de los inquilinos, demandando que esta cuantía fluctúe en función de los ingresos de la unidad familiar. Algunos compañeros corrigen al portavoz y explican que carecen de ingresos algunos, si bien "el problema es la falta de trabajo", ofreciéndose a aportar dinero en cuanto se reincorporen al mercado laboral.

Precisamente argumenta que la medida se adopta por la desesperación de la situación económica. En este sentido denuncia que el precio del alquiler es el último reducto de la burbuja inmobiliaria, toda vez que en el municipio condal se paga por un piso en una horquilla de "entre 300 y 400 euros, cifras que consideran prohibitivas para una familia cuando sumas gastos como la "luz y el agua". En este sentido, ven los precios fuera de mercado, dada la enorme depreciación que ha sufrido la vivienda y la propia ley de la oferta y la demanda.

Entretanto, los vecinos han constituido una comunidad, logrado un punto de agua pública "que nos encargaremos de cobrar porque no queremos nada regalado", subraya el joven portavoz. Ahora sus esfuerzos se centran en que el Ayuntamiento instale algunos focos que cumplan la misión de alumbrado público.

La maniobra okupa ha sido censurada por el concejal de Coordinación, Antonio Plácido, (PP), quien asegura que "los cauces no han sido los más adecuados y no se puede pegar una patada a una vivienda para entrar en ella". El edil relata que algunos de estos inmuebles tienen dueños legítimos que han entregado cantidades cercanas a los 36.000 euros, por lo que explicó que "no es de recibo que se cuestione o ponga en tela de juicio la propiedad privada". El edil concluyó que "quienes han actuado así no son personas que hayan sido desahuciadas, sino que residían con sus padres o de alquiler y han visto un modo de poder contar con un lugar donde vivir".

La crisis económica ha provocado que el movimiento okupa deje de ser algo marginal o como una opción de vida de grupos antisistema. Grosso modo sólo en Bollullos, Rociana y Almonte podrían estar viviendo un millar de personas de modo alegal. Hace año y medio, en este último municipio, lo que comenzó como un legítimo intento de sus propietarios de hacer uso de las viviendas de protección oficial (VPO) como medida preventiva para prevenir los robos degeneró en que el resto de pisos fueran ocupados por personas que no eran propietarias.

El residencial Las Marismas lo integraban 164 viviendas que ya disponen de agua y fluido eléctrico brindado por generadores.

En Rociana del Condado, el medio centenar de adosados que erigió Dolmen en la zona noroeste del municipio también fue tomado con polémica incluida después de que los vecinos pidieran sin éxito al alcalde que forzara su desalojo.