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La Comisión Europea vigilará el uso que se dé al edificio del Museo del Vino

  • Europa no considera que la Diputación incurriera en una infracción al ubicar el inmueble en unos terrenos privados Realizará una verificación 'in situ' del proyecto

La Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea auditará el uso que se haga del edificio multifuncional para la dinamización del sector vitivinícola (conocido como Museo del Vino), para el que se han liberado cerca de 2 millones de euros con cargo a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Además, el organismo comunitario ha determinado que no considera que la Diputación Provincial de Huelva incurriera en una infracción contraria al derecho europeo al ubicar este edificio en unos terrenos privados.

El pronunciamiento llega como respuesta a la denuncia formulada por la Asociación Provincial de Empresarios, Criadores y Exportadores de Vino de Huelva, quienes consideran que a efectos prácticos la operación representa "regalarle" casi 2 millones de euros a la Cooperativa Vinícola del Condado de Bollullos Par del Condado con la única contraprestación de la cesión por diez años de 1.000 metros cuadrados.

Así lo recoge el convenio al que Huelva Información ha tenido acceso y que fue firmado entre la Institución provincial y la entidad agrícola el 2 de octubre de 2009. En él se especificaba que el uso del terreno tendría vigencia "hasta el 31 de diciembre de 2020", pasado el cual la cooperativa "recuperará el uso exclusivo de toda la infraestructura creada".

En cualquier caso, la denuncia en los organismos europeos ya ha tenido su efecto. Frente a la posibilidad de incurrir en infracciones, el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, enmendó la plana a su antecesora en el cargo, Petronila Guerrero, acordando el 25 de julio de 2012 modificar ese convenio con la cooperativa, al objeto de "extender el plazo de cesión hasta el 31 de diciembre de 2034". Se modificaba así uno de los puntos más controvertidos y se garantizaba el control del edificio público, al menos en las áreas destinadas a uso administrativo.

Para el sector, este movimiento reconoce implícitamente que el edificio estaba "construido a la carta y las necesidades de una entidad vinícola". No en vano, recuerdan la asociación que en que su día se anunció que el edificio albergaría sala de junta y laboratorio; es decir, espacios más propios de una entidad social que de un museo.

En función de estos argumentos, los organismos europeos se comprometen a que la "Subdirección General de Cooperación local en calidad de organismo Intermedio en la gestión de los fondos europeos, realizará una verificación in situ del proyecto", auditando el mismo y "analizando la legalidad del procedimiento llevado a cabo por la Diputación para la firma del convenio". De este modo se anuncian "visitas al edificio con objeto de ver la distribución de espacios y comprobar los usos a los que se destinará cada uno de ellos".

En cualquier caso, Europa explica que de conformidad con los Reglamentos sobre los Fondos Estructurales, hay que respetar las competencias de los estados miembros. En base a ello y dentro de esta autonomía competencial considera que "en el presente caso no hay por parte del Estado miembro una infracción al derecho europeo" y, más concretamente, en lo que se refiere a los reglamentos de los fondos europeos.

Gracias a la respuesta de la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso este periódico, se conocen las alegaciones que presentó la Diputación, que defendía que el edificio "no sólo será espacio museístico; también se destinará a la promoción económica, la diversificación productiva, la investigación, el fomento y el impulso de oportunidades económicas".

El Ayuntamiento de Bollullos en boca de su alcalde, Francisco Díaz, también quiso desmentir los argumentos que ofreció la institución provincial a la hora de ubicar el Museo en Vinícola del Condado, justificando que no existían alternativas de suelo público, como consecuencia de que ningún Ayuntamiento de la comarca se había prestado a ceder una superficie alternativa.

El regidor ofreció un documento que acredita que en 2010 se aprobó en Pleno la disposición de una parcela de 1.500 metros cuadrados en la avenida 28 de Febrero. Este documento fue también remitido a Bruselas y no fue desmentido por la Diputación frente a la Comisión Europea.

El edificio multifuncional para la dinamización del sector vitivinícola ha conllevado un presupuesto de 1.296.606 euros. A este montante económico se sumó los 243.465 correspondientes al cerramiento, acceso y adecuación del entorno del edificio; así como las obras anexas que ascendieron a otros 241.997 euros más. Estas dos últimas actuaciones finalizaron en enero de 2013. Se trata de una de las inversiones económicas más importante de los últimos años en la comarca, financiada íntegramente con los fondos europeos.

El edificio lleva la firma de la arquitecta Fátima Romero, que resultó ganadora de un concurso de ideas impulsado por el Colegio de Arquitectos de Huelva y la Corporación. El proyecto se caracteriza por estar construido en base a una malla romboidal que da cuerpo a la estructura exterior de forma convexa, definiendo los espacios interiores y llenando de luz el interior del recinto.

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