Nuevos tambores de guerra se ciernen sobre la Mancomunidad de Servicios (MAS) y su empresa instrumental Giahsa. La controvertida decisión de la cúpula política de iniciar los trámites para la privatización del abastecimiento de agua y la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos ha levantado ampollas en los trabajadores, quienes siempre se han postulado como defensores del servicio público. Un hecho que ha creado cierto cisma y que un sector de la plantilla apunte a la cúpula política como los máximos responsables de la delicada situación de la entidad pública.

Sin embargo, la deriva privatizadora parece inexorable. A principios de año se externalizó la gestión de 19 plantas depuradoras y 120 estaciones de bombeo por 15 millones de euros anuales. A pesar de las llamadas a la calma de la dirección y las garantías de que los derechos laborales serán intocables, el comité de empresa pretende que los compromisos verbales se materialicen por escrito, mientras una importante corriente defiende el actual status quo.

Insisten estas fuentes en que Giahsa no pasaba por problemas financieros, mientras que tras la adhesión a MAS se preveía incrementar los ingresos en un 40% gracias al aumento de las tarifas con respecto al 2010. Medida que se llevaría a efecto sin modificar los gastos de personal, cercanos a los 20 millones de euros. Por consiguiente, entienden que los problemas de viabilidad económica se sustenta en dos elementos consustanciales a la toma de decisiones políticas: la aprobación de abonar un canon por el uso demanial de las redes para enjugar las enormes deudas arrastrada por las corporaciones locales; y, la segunda, por "el enorme lastre de una ingente nómina de cargos públicos" a los que cabe sumar los 650.000 euros asignados anualmente a los cuatro fuerzas firmantes del pacto por la estabilidad (PSOE, PP, IU y PA).

Bajo este escenario el presidente del comité de empresas de Giahsa y representante de UGT, Juan De la Rosa, señaló que las movilizaciones continuarán hasta que no tengan acceso al borrador del plan de viabilidad, del que demandan que cumpla tres objetivos: "garantizar los derechos del convenio colectivo en vigor hasta el año 2014, el mantenimiento de la actual plantilla, así como la creación de una bolsa de empleo que tenga como prioridad la contratación de los despedidos tras la salida de los municipios".

De la Rosa evita pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener la actual cúpula directiva en MAS, aunque ve incongruente que el PP siga cobrando de la entidad mientras sus representantes proyectan la salida de sus municipios".

El representante de CCOO en Giahsa, Manuel Rodríguez, apunta directamente a las deserciones de los municipios como Lepe, Bollullos, La Palma, Valverde del Camino o Cartaya (San Juan a última hora) como la dinamita que ha hecho estallar la viabilidad empresarial. "Hasta ahora habíamos realizado una defensa a ultranza de lo público, aunque egoístamente tenemos que priorizar la defensa de los puestos de trabajo, pues estamos viendo como muchos compañeros están en un limbo legal".

Rodríguez recuerda que Giahsa gestionaba el ciclo integral del agua y la recogida de residuos sólidos urbanos "sin tantos cargos públicos" y sin comprometer la viabilidad. El representante de CCOO mantiene que el pacto por el agua que implicaba la integración en el organigrama directivo de todas las fuerzas políticas fue visto con recelos. "Esta maniobra parecía un mal menor para mantener el carácter público del servicio del agua". No obstante, cree que el PP ha ejercido como caballo de Troya, ya que "no es ético ni moral que sus municipios deserten del ente supramunicipal por vía de urgencia, mientras su grupo político y su vicepresidente, David Toscano, "cobra de MAS y no del Ayuntamiento de Aljaraque.

Rodríguez considera que si las corporaciones municipales renunciasen a la capitalización, es decir al cobro integro del canon por el uso demanial de las redes, "la entidad sería perfectamente viable".

Actualmente la dirección de MAS descansa en Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE) en calidad de presidente y Miguel Novoa como director general (PSOE). A ellos se suman los cuatro vicepresidentes, Ezequiel Ruiz (PSOE), David Toscano (PP); Francisco Viejo (PA); y Antonio Marín (IU), todos ellos con sus respectivos cargos de libre elección.

Algunos trabajadores estudian la posibilidad pedir informes jurídicos para conocer la legalidad del reparto de fondos públicos por si pudieran incurrir en malversación de fondos públicos. No obstante, Marín matiza que "esta práctica es habitual en todas las administraciones en la que los grupos políticos tienen aportaciones legítimas". Por su parte, fuentes de MAS han aclarado que no existen subvenciones a partidos sino sueldos de cargos públicos adscritos al organigrama directivo, así como "aportaciones" a los distintos grupos. Los trabajadores se concentran hoy en la sede de Giahsa.