Tras unos días de declaraciones que ponen en duda la legalidad del proceso de salida de los ayuntamientos populares de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, el Partido Popular anunció ayer que se querellará "contra todo dirigente político que manche o trate de ensuciar la gestión del agua en la provincia de Huelva". Así lo manifestó el secretario general del PP de Huelva, Guillermo García Longoria, quién consideró que tanto PSOE como IU "han tomado en este asunto el camino más fácil que es el de la calumnia y la infamia".

"El PP no va a consentir, y buscará para ello amparo judicial, que se ponga en duda la honorabilidad y la gestión de nuestros dirigentes en la provincia, porque precisamente el partido de los imputados y sospechosos en Huelva es el PSOE, con más de una veintena de cargos cercada por la Justicia", resaltó el popular. Por lo tanto, agregó, "no vamos a tolerar ni una sola lección de moral del PSOE ni de otros partidos palmeros que lo sustentan y le sirven de altavoz".

El PP, subrayó García Longoria, "siempre ha actuado con limpieza y con transparencia, como no puede ser de otra manera, en la gestión del agua y ha buscado lo mejor para los ciudadanos y para los pueblos". En este sentido recordó que "hay sentencias judiciales firmes que avalan la rigurosidad, legalidad, e impecable gestión de los ayuntamientos del PP".

De otra parte, destacó que "no se puede criminalizar la privatización de servicios cuando el fin es buscar el beneficio de los ciudadanos". A este respecto señaló que "quién esté libre de privatizaciones en la provincia, tire la primera piedra". Así, recordó que tanto IU como PSOE han llevado a cabo la privatización de servicios relacionados con la gestión del agua, como el Ayuntamiento de Hinojos bajo gobierno de IU, o Almonte, que fue el primer ayuntamiento que privatizó el ciclo del agua con un gobierno del PSOE. No en vano, "la gestión del agua en la provincia los últimos 20 años ha estado en manos del PSOE".

Asimismo, declaró que "no se puede lanzar un mensaje de nerviosismo a los ciudadanos. El proceso de gestión del agua no se puede convertir en una pelea de gallos con acusaciones y mentiras, porque todo ello contribuye a generar desconfianza en los posibles inversores y en los trabajadores".