Provincia

El Ayuntamiento consuma el despido de 17 empleados para ahorrar medio millón

  • El tripartito justifica los despidos por motivos "económicos", mientras que para la oposición se trata de una "venganza política" · Se compromete al mantenimiento de los servicios para los niños discapacitados

En un edificio consistorial en el que fue requerida la presencia de la Guardia Civil desde primera hora de la tarde, Cartaya vivió ayer el Pleno más tenso de la actual legislatura. Entre los puntos del orden del día, el equipo de Gobierno tripartito (ICAR, PP y PA) incluyó una dación de cuentas del acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre la extinción de 17 puestos de trabajo. La mayor parte de ellos junto a sus familiares conformaron el público del salón de plenos, en el que a que se les unieron varios representantes provinciales del sindicato UGT, que pidieron al alcalde, el independiente Juan M. Polo, la paralización "inmediata" de los despidos.

El propio alcalde defendió los ceses, sobre los que manifestó no sentirse "responsable", por "la deuda de más 40 millones de euros heredada del anterior equipo de Gobierno socialista". Argumentó "motivos económicos", así como que dichos despidos responden a los "recortes de masa salarial" previstos en el plan de ajuste al que está sometido el Consistorio, que, según especificó el alcalde, contempla una reducción del gasto en materia de personal entre los años 2012 y 2014 de 2,2 millones de euros, para recortar el capítulo 1 de los aproximadamente 8 millones actuales, a 6. Del mismo modo, especificó que los 17 despidos supondrán un ahorro para las arcas municipales de 568.000 euros. Por su parte, el portavoz popular, Gabriel Maestre, argumentó la medida especificando que de unos ingresos previstos para el próximo año de 8,5 millones de euros, sólo la plantilla supone un gasto de 8 (el 85% de los ingresos).

No lo vieron de igual forma PSOE e IU, cuyos portavoces, Alexis Landero y Miguel Ángel Gea, respectivamente, coincidieron en calificar de "ideológicos" dichos despidos. Además, alertaron sobre la "pérdida de servicios públicos" que van a suponer y criticaron la "falta de negociación" con los representantes sindicales del Consistorio a la hora de llevar a cabo la medida. El portavoz socialista descartó los motivos económicos "puesto que se trata de personas que llevan en muchos casos más de 20 años trabajando en el Ayuntamiento, a las cuales sale más caro despedir que a aquéllos que llevan pocos meses". De otra parte, Landero calificó a los despedidos como personas "incómodas" para el alcalde "por cuestiones ideológicas" y acusó al primer edil de "falta de sensibilidad" por incluir entre ellos "a una persona con una discapacidad de más del 80%, a trabajadores a punto de jubilarse, a una mujer que está de baja por embarazo y a una psicóloga que atiende a unas 30 personas con discapacidad, la mayoría menores".

En este sentido se aprobó por unanimidad una moción socialista en la que esta formación política exigía el mantenimiento de la prestación de los servicios que se ofertan a los niños discapacitados de Cartaya a través de la Asociación de Padres de Niños Discapacitados de Cartaya (Aspándicar) y del Centro de Diagnóstico, Terapia y Rehabilitación (Cediter) del municipio. El alcalde argumentó su apoyo a la moción haciendo alusión al "acuerdo" que, según precisó, cerró esta semana con Aspándicar para garantizar la continuidad del servicio mediante una subvención, en lugar de aportando, como hasta ahora, a una psicóloga.

Por su parte, el portavoz de la coalición izquierdista quiso dejar claro que "se trata de despidos que responden a una venganza política porque son personas que de alguna u otra forma se identificaron con el anterior equipo de Gobierno socialista". Gea también descartó los motivos económicos porque si fuese así, "podrían haber aceptado la propuesta que hicimos desde IU de reducir un 20% los sueldos del equipo de Gobierno y suprimir a los enchufados que tras las elecciones colocaron a dedo ICAR, el PP y el PA, así como a los asesores". Gea se refirió al despido de la psicóloga de Aspándicar como una "falta absoluta de sensibilidad y de escrúpulos que terminarán pagando los menores discapacitados".

También en el plano laboral, el pleno debatió (y rechazó con los votos en contra del tripartito), otra moción socialista contra el desmantelamiento de los servicios públicos, en la que se rechaza la reducción de personal llevada a cabo por el Gobierno municipal "en detrimento de la calidad de los servicios públicos"; se pidió que "se garanticen los servicios de calidad", instando al equipo de Gobierno a retomar el diálogo con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de llegar a acuerdos que eviten estos despidos "indiscriminados y sin ningún criterio lógico".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios