Provincia

Los vecinos de la calle Feria acudirán a los juzgados tras suprimirse ayudas a las VPO

  • Los propietarios de las 120 viviendas crean una plataforma para luchar contra la decisión · Temen no poder pagar las hipotecas

Un importante número de propietarios de VPO en Aracena y sus aldeas han constituido una plataforma de afectados ante la medida anunciada por el Gobierno central de suprimir las prórrogas de las ayudas a las hipotecas de las Viviendas de Protección Oficial en todo el país.

El pasado 14 de julio el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un decreto ley donde se anuncia la eliminación de la paga extra a los trabajadores públicos y además llevaba incluido en el artículo 35 de dicho decreto la supresión de las ayudas a VPO para el plan de vivienda 2009-2012. A este plan pertenecen las casas de la calle Feria en Aracena, junto al recinto ferial.

Días después el Gobierno publicó un documento interno donde con carácter interpretativo, algo que la plataforma considera ilegal, contempla que debido a la falta de presupuesto (literalmente, el documento afirma "para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad") dicha supresión se retrotraería hasta el plan de vivienda 2002-2005, al que pertenecen las conocidas 120 VPO en Aracena. Este plan, en materia de vivienda y suelo, está recogido en el Real Decreto 1/2002 de 11 de enero de ese mismo año.

Las ayudas para las 120 VPO, según el plan 2002-2005, son por cinco años con opción a prorrogar otros cinco. La etapa de los primeros cinco años finaliza en julio de 2013. Hasta esa fecha todos los vecinos deben solicitar la prórroga de ampliación, algo que desde la plataforma se aconseja hacer cuanto antes. La negación viene recogida en el artículo 35 del Real Decreto Ley de 20/2012, aprobado el 13 de julio y publicado un día después en el BOE.

Casualmente ha habido vecinos que han solicitado la prórroga de ayudas antes del 31 de julio, fecha del documento interpretativo del Gobierno y no público, y han recibido en su casa una carta aprobando la subvención. Mientras, todo aquel que lo ha hecho después del 31 de julio está recibiendo durante estos días otra, desde la Consejería de Fomento y Vivienda, con la negativa a la ayuda.

De seguir adelante la negativa de conceder las ayudas todas estas familias se quedarían sin ellas y tendrían que pagar íntegramente sus viviendas desde este momento. Además se quejan de que no pueden, por ley, vender las casas antes de tiempo, ni ampliar sus metros cuadrados ni alquilar según condiciones legales establecidas y conocidas por todos.

La cantidad que tendrían que pagar en estos cinco años, de cumplirse finalmente esta medida, depende tanto del porcentaje de ayuda (un 20, 30 o 40%) y si es piso o casa, según cada caso. En general oscila entre unos 3.000 y 9.000 euros en esos cinco años. Por ejemplo una familia que tiene un piso en las 120 VPO y una ayuda del 20% dejaría de percibir 3.600 euros en cinco años, pero si la ayuda es del 40% sube hasta los 7.200 euros. Para las casas con 20% de ayuda no recibiría 4.560 euros por los cinco años y si tiene la ayuda del 40% es de 9120 euros. Actualmente. por un piso con la máxima ayuda pagan al mes 180 euros y sin la ayuda deberían pagar 300, mientras que para las casas con esta ayuda del 40% abonan en la actualidad 228 euros cada mes y pasaría a 380.

La plataforma ha decidido presentar un recurso de alzada como primera vía posible. Para ello desde el próximo miércoles habrá en el Ayuntamiento de Aracena, servicio de atención al ciudadano, un documento tipo para que todos los vecinos puedan cumplimentarlo y entregarlo allí mismo. Cada familia aportará la documentación necesaria, según aprobó la plataforma en la reunión del pasado lunes.

Si el recurso de alzada no fructifica de forma positiva para los afectados, acudirían por la vía judicial hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De hecho la plataforma desde ahora tendrá gastos de documentación y la necesaria ayuda jurídica.

La pasada semana dos miembros de la plataforma se reunieron con responsables del Ayuntamiento y acordaron a establecer el Consistorio como punto de entrega para todo tipo de documentos, pero nada relacionado con tema económico.

Algunas familias indicaron que si no reciben esas ayudas no podrán seguir pagando sus casas y hablaríamos incluso de posibles desahucios. La plataforma quiere también conocer más experiencias en otras zonas del país, especialmente en la provincia de Huelva y piden al resto de vecinos de viviendas de protección oficial en Aracena y sus seis aldeas que se pongan en contacto para conocer en qué situación se encuentran y cómo les afectaría esta medida.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios