Los ayuntamientos de Cartaya, Moguer, Ayamonte y Cortegana esperaron hasta el último momento para sacar adelante su segundo plan de ajuste después de que el Ministerio de Hacienda tumbara el primero y les diera una especie de ultimátum para adaptarse a los consejos de austeridad que impone Bruselas y debe cumplir el Gobierno.

Ayamonte trata de salvar así un plan para hacer frente a 27 millones de euros de deuda con proveedores; Cartaya debe 12,2. Y Moguer trata de respirar para refinanciar un préstamo de casi 10 millones de euros que obliga a hacer frente a más de 300.000 euros mensuales de pagos hasta el año 2015.

Ayamonte sacó adelante su segundo plan de ajuste con el que el Consistorio tiene que hacer frente a la deuda de 27 millones contraída por éste con sus proveedores.

Un segundo plan que salió adelante gracias a los votos afirmativos de la mayoría simple socialista que gobierna el Ayuntamiento, a la abstención del PP y a los votos en contra del PA y de IU, y que, según reconoció el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Álvarez Rubiño, "endurece mucho más las medidas de ajuste que contemplaba el primer plan porque nos ha obligado el propio Gobierno central si queríamos sacarlo adelante". Rubiño subrayó que este segundo plan "parte de la base de endurecer el anterior por varios motivos, como por ejemplo la falta de ingresos para hacer frente a la deuda o la no compensación de las actuales tasas municipales con el valor real de los servicios prestados".

El plan, que también eleva en 2 millones de euros la deuda a la que tendrá que hacer frente el Consistorio, que pasará de los 25 millones del primero a los 27 de este segundo, contempla en líneas generales, según el propio portavoz socialista, "un endurecimiento de la fiscalidad impositiva", que subirá un 8% en 2013, otro 8% en 2014, y un 4% a partir de 2015. También prevé una subida de tasas y precios públicos de un 30% en 2013 y 2014, respectivamente, y de un 4% el resto de años.

Respecto a la reducción de la masa salarial, el portavoz socialista especificó que el Ayuntamiento "no tiene la intención de despedir a nadie". No obstante, el plan obliga a un ahorro por este concepto de entre 240.000 y 250.000 euros. Un objetivo que "sí se puede conseguir bajándonos todos un 30% el sueldo, previo acuerdo con la junta de personal y el comité de empresa; sería perfecto, pero que de no ser así nos obligaría a despedir gente". En este sentido el plan también contempla la suspensión a efectos económicos de la Relación de Puestos de Trabajo llevada a cabo por el Consistorio.

El portavoz del Grupo Popular, Alberto Fernández, argumentó que la abstención de su partido se debió a que, "si bien estamos de acuerdo con el pago de las deudas a los proveedores, no podemos dejarles las manos libres para que sigan gastando como quieran, con lo que no estamos de acuerdo es que el plan sólo se centre en subir impuestos y despedir personal municipal". El PP dijo que el Consistorio podía rescatar el Servicio de Gestión Tributaria o exigir a Giahsa el pago del canon que llevan ya los ayuntamientos esperando desde hace más de un año y medio.

Moguer también dio luz verde al plan con los votos favorables del grupo socialista y Avema, y la abstención del Grupo Popular. Tiene un horizonte hasta 2022 y contempla la petición de un crédito de unos 2 millones de euros con un plazo de amortización de 10 años y dos de carencia, lo que según el alcalde, Gustavo Cuéllar, "permitiría afrontar los pagos comprometidos hasta 2015 sin tener que adoptar medidas traumáticas de recorte en todas las áreas del Ayuntamiento".

En cuanto a medidas de incremento de ingresos contempladas en el plan, destacan las encaminadas a potenciar la regularización catastral y el aumento de la inspección tributaria, así como al aprovechamiento silvícola de montes. En lo que se refiere a gastos, se contempla una reducción de los destinados al capítulo de personal, así como a los costes de funcionamiento de los distintos organismos autónomos y de Emvisur.

Para el alcalde de Moguer, "hemos trabajado duramente junto a la interventora municipal para concretar estas modificaciones y esperamos ahora que el Ministerio apruebe las nuevas medidas contempladas, que nos permitirán no sólo cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, recuperar la tesorería municipal y, por tanto, mantener el pago a los proveedores en los plazos legales, sino también absorber el remanente negativo que se arrastra de ejercicios anteriores".

Tras la aprobación de las modificaciones, éstas han sido ya remitidas por vía telemática al Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid.