El Ayuntamiento de Almonte aprobó ayer in extremis y por unanimidad (PP, IU, PSOE y el edil díscolo Mondaca) la operación de préstamo para pagar a proveedores por valor de 11.133.000 euros y que vendría a dar cobertura al plan de ajuste al que obliga el Gobierno central.

Al tratarse de una operación de crédito que supera el 10% del presupuesto, la ley determina que es condición sine qua non el que venga respaldada por mayoría absoluta, lo que a efectos prácticos requería la presencia de al menos 11 concejales, mientras que ante la ausencia de los 10 ediles socialistas y el edil tránsfuga hacía inviable su aprobación únicamente con los dos representantes de IU y los ocho del equipo de gobierno.

El alcalde, José Antonio Domínguez, resaltó que sin la aprobación del Plan habría que aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a "100 trabajadores y medidas auxiliares de reducción de jornada". El edil afirmó que los números son claros y evidentes: el Ayuntamiento gasta entre 500.000 y 600.000 euros mensuales en nóminas, por lo que de embargarse la retención de los ingresos estatales, "cercanos a los 300.000 euros", el Ayuntamiento no dispondría de fondos para afrontar estos pagos al personal. Domínguez señaló que se puede discrepar de las medidas contenidas en el plan, si bien lamentó las ausencias que "boicotearían" el mismo.

Hasta en tres ocasiones se postergó la sesión programada inicialmente a las 10:00 y que se aplazó hasta las 13:00 con el fin de que pudiera personarse el ex alcalde Francisco Bella que en esos momentos se encontraba declarando en los juzgados de La Palma del Condado por la adquisición del campo de golf.

El receso tampoco dio sus frutos y se dejó en suspenso el punto hasta las siete de la tarde.

Tampoco dio resultado. El alcalde popular no se atrevía a que no saliera adelante la medida y se daba un nuevo margen de tiempo. Al final, Mondaca y Villa hacían acto de presencia. El primero afirmaba que no había llegado antes al encontrarse enfermo y destacó que el alcalde "ha chantajeado al decir que despedirá a 100 trabajadores, llevando a cabo la política del garrotazo", y "utilizando a los trabajadores como escudo humano". Tras la exposición mostró su voluntad de aprobar el crédito, aunque conminó al alcalde a "que antes de despedir se rebaje el sueldo y despida al personal de confianza". El portavoz socialista justificó la ausencia por la citación del Juzgado y alegó que "no aceptan el chantaje" del alcalde y reclamaron que se comprometa a que no exista ningún despido, a la par que alegó que sólo se debe 200.000 euros a empresas almonteñas".

El plan saldará en el municipio marismeño 1.800 facturas con proveedores que ascienden a un total de 11.133.000 euros. El equipo de gobierno mantiene que la deuda era ostensiblemente mayor, si bien "desde que accedimos a las labores de gobierno hemos abonado cuatro millones de euros".

La parte más polémica del documento radica en que parte de su éxito económico se sustenta en que la justicia falle a favor de los intereses municipales y decrete la nulidad de la adquisición del campo de golf, lo que reportaría un ahorro de 7,5 millones de euros. En efecto, las modificaciones de tasas representarán únicamente un aumento en la recaudación de 100.000 euros anuales o, lo que es lo mismo, un millón a lo largo de todo el periodo de vigencia del plan.

En base a ello la devolución de la infraestructura deportiva reportaría a las arcas públicas en dinero líquido el retorno de un millón de euros correspondientes a los pagos asumidos en la operación y el ahorro de 1.800.000 que están pendientes de abono. Por otra parte, el Ayuntamiento recuperaría 14 parcelas en el Rocío valoradas en más de 4.000.000 euros.

En la confección de los recortes se persiguió no tocar al plano laboral ni los emolumentos de los empleados públicos. Sin embargo, sí que se finiquita las ayudas y complementos familiares, al menos hasta el 2015, lo que se traducirá en un ahorro de 210.040 euros.

En cifras brutas el mayor ahorro vendría determinado por la anulación o revisión de los contratos y convenios de transportes públicos y otros servicios, por los que se pretendía lograr un ahorro a diez años vista de 579.970 euros.

La concertación con el ICO para el pago a proveedores tendrá un sensible ahorro en concepto de intereses. Hace un año los socialistas suscribieron un calendario de pago con Urbaser por valor de 4.957.026 euros, cuyos intereses se cerraron a un interés del 5,54%, media décima superior al interés estatal.

El Plan diseñado por los populares también recogía medidas como la disolución de la sociedad Emvial S.A, y Avantur S.A y Exclusivas Doñana, empresa esta última que engulle anualmente 208.500 euros anuales.

En lo que respecta a la vía de ingreso se recoge una subida temporal para los ejercicios 2014 y 2015 del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 0,8%, aunque la medida sólo se llevará a efecto en el caso de que el estado no mantenga la subida aprobada por Decreto.