El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ayamonte ha dictado un auto, con fecha 30 de abril de 2012, por el que ordena la continuación de las diligencias del llamado caso Hiconsa de Cartaya y mete de lleno al ex alcalde, Juan Antonio Millán; y a su primer teniente de alcalde, Miguel Novoa, en la senda de un juicio oral en el que se deberá sustanciar y dilucidar si hubo corrupción urbanística en el municipio bajo su mandato.

El auto deja claro el procesamiento, tras el fin de la instrucción judicial, de Millán, Novoa y otras tres personas, implicadas presuntamente en un caso de supuesta prevaricación, negociación prohibida a funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.

Están imputados, además, Juan Márquez (administrador de la empresa constructora), Francisco Benítez (arquitecto que hizo la valoración del convenio urbanístico y que era a su vez arquitecto de Hiconsa y de Miguel Novoa en una obra particular), y María Dolores Contreras (esposa del teniente de alcalde de Urbanismo).

En el auto, se subraya que se dé traslado al Ministerio Fiscal y simultáneamente y por medio de fotocopias a las acusaciones particulares personadas para que en diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en forma prescrita por la Ley o bien el sobreseimiento de la causa.

El caso se reabrió en octubre de 2011 porque la sala consideró que lo instruido es "insuficiente" para archivarlo, ya que a su parecer "faltan indagaciones de interés y no puede todavía razonarse que los hechos, algunos cuya existencia no se discute, deban considerarse en todo caso no punibles".

La denuncia del caso Hiconsa fue presentada en abril de 2009 por Izquierda Unida, Independientes por Cartaya, Partido Popular y Partido Andalucista, que están personados como acusación popular.

En la trama del caso estarían implicados Millán, el ex primer teniente de alcalde, un arquitecto; el administrador de Hiconsa y la esposa de Novoa.

A juicio de la oposición, la reapertura del caso Hiconsa permitirá investigar, entre otros aspectos, si era correcta o no la valoración de los terrenos donde la contructora ha edificado un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.

Dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y ha sido cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura. Según esta última valoración, el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido 3,5 millones de euros en esa operación urbanística.

La operación tuvo su origen en el convenio urbanístico que Hiconsa firmó con el Consistorio en junio de 2005 para la construcción de medio centenar de viviendas en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados. El arquitecto autor de las valoraciones de los suelos públicos y privados, Francisco Benítez, reconoció en su día ante el juez que las realizó para que fuese económicamente viable la venta de las viviendas que la empresa pretendía construir.

Para los denunciantes de la operación, en la tramitación del caso ha quedado claro y demostrado que "el arquitecto denunciado trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y para Novoa", así como que éste dijo que la valoración de los terrenos se hizo para que las viviendas a construir por Hiconsa fuesen competitivas en el mercado.

A juicio de las partes denunciantes, eso quiere decir, subrayaron tras la reapertura del caso por parte de la Audiencia Provincial, que la tasación se hizo "atendiendo a los intereses de la empresa en lugar de a los del Ayuntamiento".

ICAR, PP y PA, que hoy conforman el tripartito que gobierna Cartaya, siempre mantuvieron en las preliminares judiciales del caso que el Gobierno municipal del PSOE otorgó de forma ilegal licencia de obras a Hiconsa para la construcción de las viviendas, pues no estaba aprobado de forma definitiva el planeamiento urbanístico de esa zona, cuyo autor es el arquitecto denunciado.