Hasta dos resoluciones ha tenido que dictar el Defensor del Pueblo Andaluz para que su petición tenga eco. Las posibles irregularidades en la adjudicación de una promoción de viviendas protegidas en Lucena del Puerto ha motivado la intervención de José Chamizo para que, de forma "urgente", la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) inspeccione los pisos para comprobar si están ocupados por inquilinos que cumplen los requisitos legales y si en su momento la adjudicación cumplió la normativa.

Tal y como explica Chamizo en la primera de las resoluciones, emitida el 20 de mayo del pasado año, las 30 VPO de la promoción HU-8053-AY son propiedad de EPSA pero están gestionadas por el Ayuntamiento en virtud de un convenio suscrito en 1995 entre el Consistorio y la Consejería de Obras Públicas. Hasta aquí todo normal, de no ser porque ante su oficina denunciaron la posible adjudicación de una o más viviendas de cuatro habitaciones a unidades familiares constituidas por dos personas, mientras que se habrían adjudicado viviendas de dos habitaciones a familias con hijos.

Ante la queja, Chamizo se dirigió a EPSA, que indicó que el Ayuntamiento es el responsable de la gestión y de la administración de este grupo de viviendas de cuatro, tres, dos y un dormitorio y cuya superficie útil es de entre 40 y 80 metros. Ante esta respuesta de la empresa, Chamizo se dirigió al Ayuntamiento, que puntualizó que su tarea sólo se limita a solicitar a EPSA "la adjudicación de viviendas de protección pública a personas que se encuentren en especiales situaciones de dificultad social, previa valoración de los servicios sociales competentes".

Como ni el Ayuntamiento ni EPSA asumían la competencia, Chamizo volvió a dirigirse a EPSA, que es la que ostenta la titularidad. En una nueva respuesta, la empresa aseguró haber pedido al Ayuntamiento las copias de los expedientes de adjudicaciones correspondientes a fin de responder al Defensor en el menor tiempo posible. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento, a fecha 30 de marzo, fue que "se está localizando en los expedientes y si se encontrase algo más se remitirá a la mayor brevedad posible". EPSA también se quejaba de que el Ayuntamiento tampoco había aportado la documentación necesaria para poner fin al convenio firmado en 1995, una rescisión que quiere llevar a cabo la empresa pública para gestionar las viviendas en solitario. Ante esta situación, Chamizo pidió al Consistorio de Lucena que se atendieran los requerimientos de EPSA y se aportara la documentación.

El 31 de agosto de 2011 el Ayuntamiento comunicó al Defensor que "a pesar de haber realizado varias búsquedas en los archivos municipales, la única documentación que ha aparecido es la ya remitida a la Junta de Andalucía". Por ello, en una nueva resolución hecha pública el 13 de octubre de 2011, Chamizo valora que su resolución no ha sido acatada y, por lo tanto, da por finalizada su intervención, señalando que "el hecho de no encontrar en los archivos municipales la documentación relativa a la adjudicación de estas viviendas, mas allá de ser prueba irrefutable de un gravísimo incumplimiento de los deberes de conservación, custodia, clasificación y catálogo, constata la más absoluta pasividad del Ayuntamiento", ya que esto no impide que se lleven a cabo las correspondientes averiguaciones e inspecciones sobre los adjudicatarios de las viviendas.

No obstante, el Defensor determina que esto no puede ser impedimento para que EPSA tome las riendas y lleve a cabo las inspecciones pertinentes. Además, insiste en la necesidad de rescindir el convenio entre EPSA y el Ayuntamiento para que la empresa sea la responsable de la gestión de los pisos.