Al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valverde del Camino (PP) no le sorprende el cobro de dietas por parte del ex alcalde socialista Miguel Ángel Domínguez y dos de sus concejales, los tránsfugas de IU Francisco Rodríguez y Jesús Llanes "porque es más de lo mismo", lamentó ayer la alcaldesa, Loles López.

La alcaldesa señaló que "teníamos una idea del despilfarro que los socialistas venían realizando con su gestión y ha sido en el día a día cuando hemos podido comprobar con documentos que era cierto".

La información publicada por este periódico el lunes en la que revelaba el cobro de 5.600 euros en dietas por parte de los tres concejales socialistas cuando se le adeudaba a la plantilla de trabajadores dos nóminas y ayudas y complementos varios, ha sido recibida por el Consistorio con pesar. En este sentido, la regidora valverdeña señaló que "no sabemos si el cobro de esas dietas provenientes de Givsa (Gestora de Infraestructuras Valverde) y de GMU (Gerencia Municipal de Urbanismo), dos empresas públicas sin actividad y con enormes deudas, eran legales, algo que no sabremos hasta concluir la auditoría de cuentas que una empresa externa está realizando tanto en el Ayuntamiento como en las dos empresas".

En todo caso, la popular indicó que "si no es legal el cobro de esas dietas, llevaremos esos datos a la Fiscalía para que emprenda las acciones que estimen pertinentes". Loles López calificó el hecho de que el ex alcalde y sus dos concejales, los tres liberados cobrando sueldos de la Diputación, la Mancomunidad Campiña-Andévalo y el propio Ayuntamiento de Valverde, de "inmoral", porque además, el Consistorio tenía ya en ese periodo enormes deudas y la situación era ya insostenibles tanto para los trabajadores como en las arcas municipales".

A las remuneraciones de los tres representantes públicos, el Ayuntamiento añadía el abono de los gastos de gasolina y de las comisiones que justificaban. Domínguez contaba además con un coche oficial que costeaban las arcas municipales. Todo esto, mientras a la plantilla de trabajadores del Consistorio se le debía 1,5 millones de euros, una deuda que se arrastra desde 2008, cuando se dejó de pagar la valoración del puesto de trabajo, concepto impagado al que se le sumaron a finales de 2010 la nómina de diciembre y la paga extra. Los retrasos en el pago motivaron la primera protesta de los trabajadores en febrero del año pasado. Por entonces la situación financiera del Ayuntamiento hacía aguas y presentaban múltiples problemas de retraso de obras.