El Juzgado de lo Penal número 2 de Ayamonte dio ayer por concluidas las diligencias previas para decidir si procesa o no al ex alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), por prevaricación con los testimonios de dos propietarios que explicaron cómo actuó el equipo de Gobierno.

Se trata del caso Hiconsa, una operación urbanística denunciada por los grupos que conformaron la oposición de la anterior Corporación municipal (PP, IU, PA) y concejal no adscrito. También están implicados el ex primer teniente de alcalde Miguel Novoa, la esposa de éste, un arquitecto, y la empresa Hierros y Construcciones de San Juan del Puerto (Hiconsa).

La operación urbanística que motivó la denuncia tiene su origen en el convenio urbanístico que Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de medio centenar de viviendas en unos terrenos de 21.000 metros cuadrados situados junto al centro de Cartaya, al entender la oposición que la valoración de los terrenos a favor de la empresa fue "muy inferior" a la real.

Ayer declararon ante el juez dos propietarios de terrenos en la zona desarrollada por Hiconsa, que confirmaron que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, "no les ofreció la posibilidad de adquirir el suelo municipal en el sector donde se construyó un centenar de viviendas".

Los testigos aseguraron que tampoco tuvieron oportunidad de hacerse con el 10% de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían a las arcas municipales por esa operación urbanística. Los dos testigos, a propuesta de la acusación popular (IU, ICAR, PA y PP), explicaron que recibieron una oferta por el suelo del que eran propietarios que ascendió a 1,2 millones de euros, que equivalía casi a lo que Hiconsa pagó por el suelo municipal, aunque la extensión del suelo propiedad del Ayuntamiento era el doble que la del de los dos testigos que han declarado hoy.

Esto confirmaría la denuncia de que en la operación urbanística se infravaloró el suelo público para beneficiar a la empresa promotora de las viviendas.

El propio arquitecto, autor de las valoraciones de los suelos público y privado, Francisco Benítez, reconoció en su día ante el juez que las hizo para que fuese "económicamente viable" la venta de las viviendas que Hiconsa iba a construir.