El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva ha condenado a la Mancomunidad del Andévalo a pagar 468.097 euros a la empresa Novasoft Ingeniería en compensación por los servicios prestados tras resultar adjudicataria en 2007 del contrato de prestación de servicios de teleasistencia al ciudadano. Tramitación electrónica. El fallo justifica que, una vez finalizados y aceptados los trabajos, no se procedió al abono de las cantidades debidas, pese a que la Mancomunidad recibió una subvención de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de 418.823 euros para tal fin.

Según reza en la sentencia, el juzgado estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa contra la inactividad de la Mancomunidad, gobernada por el PSOE, concretamente por el alcalde de Paymogo, José María Infante. El fallo condena, además, a la Mancomunidad andevaleña a abonar los intereses de demora oportunos tras el retraso en el pago.

Al margen de este proceso contencioso-administrativo, estos mismos hechos fueron denunciados por la empresa por la vía penal, proceso en el que se encuentran imputados 9 alcaldes y ex alcaldes, tales como los ex alcaldes socialistas de Alosno, Benito Pérez Ponce; de Cabezas Rubias, Esteban Naranjo; de Calañas, Fernando Recio (PSOE); de El Cerro del Andévalo, Juan Manuel Borrero (PP), y de La Zarza-Perrunal, Francisco Martín. así como el ex presidente de la Mancomunidad del Andévalo y actual alcalde de Paymogo, José María Infante (PSOE); el de La Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán (PSOE); la alcaldesa de Santa Bárbara de Cala, Gonzala Gómez (PSOE), y el de Tharsis, Lorenzo Gómez (PSOE), que ya han prestado declaración.

El pasado mes de noviembre, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valverde del Camino imputó, además, al ex secretario de la Mancomunidad del Andévalo Minero y a dos ex gerentes, después de que los alcaldes y ex alcaldes de las localidades que pertenecen a la mancomunidad los señalaran en sus declaraciones como las personas "que podían tener conocimiento directo" de las decisiones que se tomaban, según reza en el auto del juez y tras la denuncia interpuesta por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería el 27 de julio de 2010. El secretario imputado es Luis Santamaría y los dos ex gerentes, Herófito Rodríguez y Juan Pérez Molins. Los tres tendrán que comparecer ante el juzgado para prestar declaración el próximo mes de septiembre de este año.

Entre las declaraciones que han trascendido cabe destacar la de los ex alcaldes socialistas de Alosno y Cabezas Rubias. El primero, Benito Pérez, que era vicepresidente de la Mancomunidad, aseguró que su cargo era "simbólico porque no participaba ni en la gestión ni en la contratación ni en el día a día". Además, añadió que "no todo pasaba por el Pleno" de la institución donde tienen representación todos los alcaldes de los municipios.

El de Cabezas Rubias, Esteban Naranjo, declaró desconocer la deuda de la Mancomunidad y apuntó que asistía a los plenos, aunque no a todos y no sabía "cómo se gestionaban las subvenciones" que recibía la institución.