El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha reactivado en un año la política de deslindes en el litoral de Huelva, lo que le da derecho efectivo a tutelar legalmente miles de viviendas, urbanizaciones enteras, puertos deportivos, naves industriales, calles en varios pueblos costeros onubenses y la gran bolsa de suelo que está en manos de las sociedades promotoras y constructoras y que compraron a precio de boom inmobiliario. La irrupción del Gobierno conlleva la depreciación del bien inmobiliario afectado por la servidumbre de la Ley de Costas y le permite aumentar la recaudación.

El primer ejemplo visible de la actuación de la Dirección General de Costas fue el deslinde de 34.739 metros del litoral de Almonte en 2010, incluida toda la franja costera comprendida en el interior de Doñana, desde su límite con la urbanización de Matalascañas. El impacto del enfrentamiento político creado por esta decisión entre Gobierno central y la Junta de Andalucía dejó en segundo plano el objetivo de Costas, que, según la ley aprobada en 1988, no es otro que asumir la protección del litoral y poner bajo su manto legal las propiedades incluidas en el dominio público marítimo terrestre.

El segundo acto declarado ha sido el acta de apeo del deslinde de Ayamonte, que marca con el hierro de Costas a medio pueblo, incluidas viviendas que llevan construidas más de cuarenta años y cuyos inquilinos acaban de abonar los últimos pagos pendientes del alquiler social.

El revuelo ciudadano provocado está siendo mayúsculo y, aunque desde el Ayuntamiento ayamontino se ha anunciado la paralización del deslinde iniciado por el departamento que dirige a nivel nacional Rosa Aguilar, los trámites siguen. De hecho, el Boletín Oficial del Estado (BOE) deja constancia de que el procedimiento resulta ya prácticamente imparable.

Detrás de estos dos telones se dejó ver otro nuevo deslinde ya en ejecución, publicado en el BOE del 12 de abril de 2010, que afecta ya a Isla Cristina. Se trata de la aprobación del deslinde de los bienes de dominio público terrestre del tramo de 400 metros metros comprendido entre las marismas del río Carreras, situado al sur de Pozo del Camino. Y otro más que afecta a 3.241 metros de longitud correspondientes a las marismas del río Carreras, entre un punto de la margen izquierda del caño de Matapiolos y otro ubicado en las inmediaciones del extremo suroeste de la zona urbana de La Redondela, también en el término municipal isleño.

La inusitada actividad de la Dirección General de Costas parece más bien un inesperado tsunami legal que ha entrado de lleno por la provincia de Huelva de oeste a este y que incluso está resucitando deslindes aprobados en julio de 1991, como el relativo a la playa de Mazagón, que se dividen los municipios de Palos de la Frontera y Moguer. Las cartas y comunicaciones oficiales de Costas han llegado hasta las puertas de Cartaya, la zona, hoy agrícola, de La Barca.

Pero cuando todavía no se han podido apagar los rescoldos de las intempestivas actas de apeo desarrolladas en Ayamonte el 28 de octubre y 4 de noviembre pasados, decenas de vecinos de esta ciudad fronteriza han vuelto a recibir nuevas cartas de citación que, lejos de paralizar o dejar en espera los procedimientos iniciados, anuncian nuevas afecciones por deslindes.

La ampliación de las servidumbres añaden esta vez dos nuevas delimitaciones urbanas: los 2.800 metros correspondientes al límite sur de las Marismas de San Bruno, situadas al poniente de la carretera principal de acceso a la urbanización de Isla Canela, y la conocida urbanización de Playa Alta. De ambos anuncios oficiales se ha dejado constancia, tal y como es preceptivo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOPH) que edita la Diputación Provincial, en su número correspondiente al 14 de octubre de 2011.

Las citaciones vecinales de información particular y colectiva están cursadas para finales de este mes de noviembre, fecha marcada para nuevas actas de apeo. Muchas de estas viviendas han sido compradas por ciudadanos extranjeros que ahora observan cómo les imponen servidumbres que no constan ni en las escrituras. El afán de Costas coincide además con varias promociones iniciadas por el Ministerio de Fomento en el mercado inglés de la vivienda para vender parte de los stocks existentes en el litoral andaluz.

Este último deslinde anunciado en Ayamonte conlleva la afección de miles de metros cuadrados de suelo que pertenecen a la empresa Iscasa, promotora del proyecto urbanístico de Isla Canela. Este es el duodécimo deslinde que Costas tramita en Canela desde la aprobación en 1988 de la Ley de Costas.

Con esta última medida, Costas tutelará, tan solo en la localidad de Ayamonte y de momento, más de 1.500 viviendas. Sus propietarios se verán obligados por ley a solicitar permiso al Ministerio cuando tengan que hacer obras en sus casas o se planteen su venta. Para el acto de compraventa, según la ley, deberán solicitar y obtener el visto bueno del departamento del MARM.

Los expedientes privados reactivados por Costas son tan recientes que llevan fecha de 23 de septiembre de 2011. En algunos de ellos se subraya el nombre de propietarios de fincas particulares y se tiene en cuenta que en las fincas inscritas a su favor en el registro de la propiedad correspondiente se hace saber que la zona está afectada en su totalidad por el dominio público marítimo terrestre. Después de publicar el expediente en el Boletín Oficial se le da veinte días de plazo a los afectados para examinar la documentación existente.

En la otra punta del litoral de Huelva, en el oriente de Almonte, también siguen llegando notificaciones de expedientes en aplicación de la Ley de Costas. En este caso se refieren al deslinde del brazo arenoso de Doñana aprobado por orden del 23 de agosto de 2010. La resolución afecta concretamente a la Fundación Patrimonio Natural.

Muchos de los afectados por los deslindes en curso advierten que en la Ley de Costas de 1988 se abre la puerta a la imposición de nuevas tasas por ocupación de dominio público marítimo terrestre, lo que denominan ya un súper IBI a viviendas, fincas o negocios que ocupan zonas de servidumbre y primera línea de playa.

En el Título IV del Régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre se deja claro, en lo referente a cánones y tasas, que "toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud de concesión o autorización, cualquiera que fuese la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado".