El llamado diputado de oro, el izquierdista Rafael Sánchez Rufo, está dispuesto a que su voto valga. En la llamada Diputación del empate -13 diputados del PSOE, otros 13 del PP y 1 de IU-, las cosas cambian muy rápido.

El destino quiso que una propuesta de IU, tratada en el punto 13 (parece ya la cifra maldita del PSOE), relativa a la creación de una empresa pública provincial para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio diera al traste con media campaña electoral del PSOE, basada en la crítica constante a los recortes del PP y a su supuesto y desmedido afán privatizador.

IU pidió que el Pleno aprobara la creación de una comisión especial dependiente de la de Bienestar Social en la que con representación de los tres partidos políticos y contando con la opinión de los ayuntamientos, se estudien los modelos más eficaces para la gestión pública y prestación directa del servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Huelva, poniendo especial énfasis en la posibilidad de que sea una empresa pública provincial. La moción fue aprobada por unanimidad, no sin antes descubrir que el PSOE privatizó el servicio en 2008 y, además, los beneficiarios contribuyen a su sostenibilidad financiera a través del pago de una cuota dependiendo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Es decir, aplicando un método sui géneris de copago, tan criticado y denostado durante la campaña de Rubalcaba en lo referente a la sanidad pública.

La iniciativa sacó los colores al PSOE y obligó a los socialistas a emplearse a fondo. Lo único que consiguieron fue incluir una enmienda que diera margen a que la concesión no fuera obligatoriamente privada, sino que dependiera de su efectividad.

Rafael Sánchez Rufo, que parece jugar una particular partida de barquitos en cada sesión, tocó esta vez al acorazado socialista. Y recordó que ya en junio de 2008 la Diputación adjudicó la prestación del servicio de ayuda a domicilio en los municipios de menos de 20.000 habitantes a varias empresas privadas. Rufo subrayó que entonces IU ya se opuso a la privatización de la prestación de dicho servicio, al entender que "empeoraban las condiciones laborales de las trabajadoras". Por eso en su moción insistió en que su objetivo es "apostar por un modelo de gestión pública como garantía de una prestación de servicios de mayor calidad a familias con personas en situación de dependencia a su cargo".

Para IU, el actual es un buen momento para cumplir esta propuesta pues el periodo conveniado con dichas empresas fue de cuatro años y termina en junio de 2012. "Es el momento de reconsiderar aquella decisión y de empezar a trabajar en la puesta en funcionamiento de un modelo público de prestación del servicio", recalca el texto. La iniciativa de IU afectaría a unas 1.400 personas, al multiplicarse por ocho los 178 beneficiarios desde 2008 tras aplicarse y desarrollarse la Ley de Dependencia. Sin duda, una de las plantillas laborales más amplias de la provincia.

El PP aprovechó la coyuntura que le brindó IU para poner en evidencia que el PSOE "ha optado por la privatización y el copago", eso que tanto critica cuando lo hace el PP. Aun así, su portavoz en este asunto, Carmen Céspedes, señaló que el objetivo del PP es "conseguir que el servicio se preste bien y no el modelo que se decida".

Feliz con la aparición de la palabra "privatización", esta vez en manos socialistas, Céspedes aplaudió la iniciativa y de paso pidió la unificación del servicio.

La diputada socialista Rocío Cárdenas no aceptó los datos ofrecidos por IU y explicó que el PSOE adjudicó mediante la fórmula de concurso público la atención domiciliaria a cuatro empresas, dos de carácter público y dos de carácter privado, y concretó que las dos empresas públicas beneficiadas emplean a más trabajadoras que las otras dos. Tras esta explicación, Cárdenas negó que se haya privatizado el servicio de ayuda a domicilio. "Lo que hemos hecho ha sido externalizar la gestión en aras de hacerla más ágil y efectiva".