CUANDO desde el poder se afronta un escándalo tratando de restarle importancia el resultado suele ser el mismo: por un lado, se agrava y se multiplican sus consecuencias; por otro, se da vía libre a las exageraciones y manipulaciones interesadas.

Tomen el caso de los falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía. El actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ofreció ayer en el Parlamento los últimos datos sobre las irregularidades detectadas por su departamento. Ya no son cuatro o cinco, como se dijo al principio, sino 59 los intrusos descubiertos (han cobrado siendo completamente ajenos a las empresas subvencionadas) y 87 sobre los que existen "discrepancias administrativas" (sí tienen vinculación con las empresas, pero hay dudas de que cumplan los requisitos exigidos para recibir las prestaciones).

Son los últimos datos... por ahora. Quedan por investigar algunos expedientes, de modo que es razonable pensar que puedan desvelarse nuevos beneficiarios indebidos de estas paguitas tramitadas para familiares, compañeros y amigos de algunos socialistas en el poder. El goteo de defraudadores no cesa. Eso solamente habría ocurrido si desde el primer momento la Junta hubiese cogido el toro por los cuernos en vez de minimizar los hechos. En fin, no son cuatro o cinco los aprovechados, sino bastante más. Luego está el segundo efecto al que me referí al principio: media España se ha creído de verdad que los socialistas de la Junta se han repartido entre ellos más de 600 millones de euros de ayudas a las empresas. La mayor parte de ese dinero ha sido para la finalidad que se perseguía, es decir, para favorecer a trabajadores de empresas en crisis. Y eso no quita un ápice de gravedad al escándalo. Tan sólo lo acota y lo sitúa en el ámbito de la realidad.

Hay otro hecho que refleja los inconvenientes de reaccionar tarde y mal. Ayer el consejero Recio anunció que cambiará la normativa para conceder subvenciones a los afectados por regulaciones de empleo. Quiérese decir, pues, que la normativa vigente es inadecuada y ha permitido la acumulación de chanchullos que crece cada día. Y la Junta se ha enterado ahora porque no ha querido enterarse antes, porque ya en 2005 su Intervención General dictaminó, entre otras conclusiones contundentes: "Se puede concluir que la citada Dirección General [de Trabajo y Seguridad Social] ha tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". Ahí está el origen de este fraude.

Por eso, decimos algunos, existe una clara responsabilidad política de la Consejería de Empleo en este caso. Van a rodar cabezas.