NO creo que haya ninguna persona con unos mínimos conocimientos de nuestra historia reciente que albergue ninguna duda acerca de, por decirlo suavemente, las escasas convicciones democráticas de un partido como Falange Española, pero después de leer algunas de las opiniones que se están vertiendo en la operística campaña mediática de apoyo al juez Garzón, uno empieza a pensar que hay mucha más gente en este país que está necesitada de una cierta pedagogía sobre el funcionamiento de las instituciones en una sociedad abierta.

En una colectividad como la nuestra, tan proclive a las ciegas adhesiones ideológicas, no resulta ya ni siquiera sorprendente comprobar cómo la mayoría de los que hace apenas unos meses clamaban (con razón y con Garzón) contra los prebostes del Partido Popular por esconderse detrás de una teoría de la conspiración para eludir las salpicaduras de la trama Gürtel, se hallen ahora enfangados en otra, virtualmente idéntica, para evitar que un juez, al que, al parecer, le asisten atributos divinos, se vea obligado a dar explicaciones ante la Justicia.

La uniforme reiteración de sinrazones a tal respecto comienza, asimismo, a resultar un tanto aburrida, hasta el punto de que uno no sabe si se encuentra ante una escenificación, más bien torpe, de aquel principio goebbelsiano que sostenía que "si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad". Que me perdonen los defensores de la pureza de sangre ideológica, pero por más despreciable que pueda resultar desde un punto de vista democrático que una de las tres denuncias haya partido de una formación filofascista, ello no invalida la posibilidad del delito ni otorga impunidad al encausado. La verdad, señores míos, es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

Si usted es acusado, con indicios suficientes, de haber infringido la ley, tendrá que responder ante la Justicia, por más que la denuncia hubiere partido de un reconocido delincuente, puesto que para juzgar la existencia o no de un delito tanto el origen de la imputación como la condición del imputado resultan a todas luces irrelevantes. No es verdad, por lo demás, que haya sido uno de los inculpados en el caso Gürtel el que ha presentado la tercera de las denuncias admitida a trámite por el Supremo, aunque se haya personado en ella, sino sus abogados, que han considerado, razonablemente, que se han vulnerado sus derechos como letrados al serle grabadas las conversaciones con sus defendidos, algo sólo admisible en delitos de terrorismo (art. 51.2 de la Ley General Penitenciaria). Estos son hechos, no especulaciones metafísicas ni valoraciones sesgadas por ninguna ideología política.

Yo no soy jurista y carezco, por tanto, de las firmes certezas que, al parecer alumbran, a aquellos que, no siéndolo tampoco, se dedican a lanzar sombras de sospecha sobre los propios fundamentos de nuestro sistema de justicia, pero desde un punto de vista lógico, aquí sólo caben dos opciones: o asumimos que disponemos de una justicia, por más deficiencias que pueda tener, equiparable a la de cualquier democracia de nuestro entorno y, entonces, habremos de admitir que el juez en cuestión va a gozar de todas las garantías jurídicas, o nos atrevemos a afirmar (¿nos atrevemos?) que todo el sistema se halla en manos de la más rancia caverna ultraderechista, pero tendremos entonces que preguntarnos cuál ha sido el papel que a tal respecto ha jugado una izquierda que ha gobernado la mayor parte de estos treinta y tantos años de democracia. Así pues, a las preguntas que avanzaba en mi última intervención en esta Tribuna me atrevería a añadir un par de ellas más: ¿Están proclamando los indignados garzones de Garzón que todo el sistema de Justicia español se encuentra virtualmente corrompido y en manos de la derecha más cavernaria, y que, por tanto, el juez se encuentra virtualmente desprotegido en sus derechos como ciudadano? De otra forma: ¿Se atreverán a afirmar, sin esconderse en subterfugios dialécticos, que en España no gozamos de un Estado de derecho?

En cualquier caso, los amigos de la teoría de la conspigarzón no pierden nunca: si hay jueces (algunos de ellos de intachable trayectoria "progresista") que consideran que existen razones suficientes como para procesar al superjuez, es que se mueven al dictado de una maquinación política en la que anda revuelta la ultraderecha, el PP (aunque el PP sea, por definición, la ultraderecha), sectores del poder judicial que se prestan a ello por rencillas específicamente gremiales, etc. Si, por el contrario, hay jueces que se posicionan en homenajes al juez estrella y líderes políticos que, saltándose a la torera la independencia de uno de los poderes del Estado, salen en su defensa, entonces son adalides del progreso y héroes de la democracia. El espectáculo es tan burdo estéticamente, como deletéreo políticamente, y desde luego no contribuye mucho al deseable clima de respeto y confianza que los ciudadanos deberían tener en su sistema de Justicia.