QUE todos somos iguales en derechos es uno de los pilares sacrosantos de toda sociedad democrática. Que todos somos iguales, así sin más, sin ulterior matización, es, en cambio, una de esas tonterías dañinas que forma parte del universo utópico pseudoprogresista. Si la vida de cada cual presenta una característica común, es precisamente su esencial diversidad, su individualidad incompartible, natural en ciertos aspectos y circunstancial en otros.

Toda ordenación de las actividades humanas que no tenga en cuenta esos dos horizontes, que se conforme con el mero igualitarismo formal, puede desembocar, por bobalicón y estéril, en un desastre de proporciones gigantescas.

De la teoría a la práctica. Al observar las cifras de nuestro fracaso escolar, uno de los datos más relevantes es el que nos certifica su muy dispar incidencia según el sexo de la población estudiantil. Como bien ha reconocido el profesor Antonio Matamala, "se mire como se mire, resulta ya innegable que las alumnas obtienen un rendimiento sustancialmente superior al de los chicos". Tanto que, sin la debacle de éstos, nuestros números serían perfectamente aceptables.

Ese hecho, que sin duda debe tener múltiples causas, encuentra una que, aun lógica y asumida hoy en países de vanguardia, provoca, en el nuestro, reacciones furibundas por parte de determinados poderes. "Nuestro sistema educativo -argumenta María Calvo, presidenta en España de la Asociación Europea para la Educación Diferenciada- está en crisis, sobre todo, porque aplicamos la misma metodología a chicos y chicas sin tener en cuenta sus notables diferencias biológicas". Con el aval de crecientes experiencias en Europa y en América, Calvo se atreve a afirmar que utilizar con unas y otros métodos y ritmos diferentes "contribuye a mejorar sus rendimientos escolares".

Se imaginarán el escándalo que tales ideas han provocado en la comunidad educativa "ortodoxa". Bajo la bandera de una presunta "educación en igualdad", semejante iniciativa está siendo fulminada de oficio. Y no sólo eso. A pesar de que la educación diferenciada no es discriminatoria, está amparada en nuestra Constitución y en la LOE, cuenta con pronunciamientos judiciales favorables y aparece recogida como modelo legítimo en tratados internacionales ratificados por España, aumenta el desparpajo en algunas comunidades autónomas (Galicia, Andalucía, Cantabria) a la hora de amenazar con la pérdida del concierto a los centros concertados que quieran instaurarla.

Y a uno le parece deplorable es el sectarismo fundamentalista con el que se desechan a priori posibles vías de solución a la verbena educativa que sufrimos. Como si lo verdaderamente importante fuera imponer el particular criterio y no la búsqueda leal de una mejor estructura que nos garantice un cierto y menos tenebroso futuro.