LA violencia es un fenómeno que ha venido acompañando a los seres humanos, prácticamente, desde su existencia. Por tanto, no resulta extraño que aparezca en los más diversos contextos. Sin embargo, a pesar de su no caducidad es común, especialmente en las sociedades más desarrolladas, el intentar erradicarla, no sólo en sus vertientes más brutales sino también en las más sutiles. Por eso, después de la focalización producida en la violencia contra las mujeres, se han dirigido las miradas hacia la que se daban en otros ambientes, como los escolares. Las peleas entre niños han dejado de ser tomadas todas como simples chiquilladas, más o menos, inocentes, y se analizan con más cuidado, con el objetivo de detectar aquellas que sobrepasen ciertos límites, bien por su intensidad, frecuencia o por lo inapropiado de su presencia. Por supuesto, es un cometido muy loable y conveniente, pero el problema se plantea a la hora de determinar las fronteras de lo inadmisible, algo muy dependiente de factores individuales, sociales y culturales. De todas formas, globalmente, hay situaciones que difícilmente crean discrepancias entre observadores diferentes.

Entre los comportamientos que han generado más interés de cara a la intervención se encuentra la del matonismo, referida a aquellos en la que un sujeto quiere imponer su voluntad empleando, si le es necesario, la fuerza o el terror de cualquier clase. Obviamente, a nadie le gusta ser víctima de un matón, que lo sea un ser querido o cualquiera, meramente por una simple cuestión de solidaridad humana, entre otras razones -aparte de lo desagradable que resulta en el momento en el que se es objeto de la violencia-, porque suele incomodar la vida y dejar secuelas aún en ausencia o desaparición del sujeto que la ejerce. Por todo ello, es muy necesario que en la supresión del matonismo, como de otro tipo de acoso escolar, se implique toda la comunidad pero, sobre todo, los padres y las instituciones educativas, y no de una forma voluntaria sino con responsabilidades directas. Esto justifica el que se dicten sentencias, la cual no es la primera, como la de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se condena a un centro privado a pagar 30.000 euros por un caso de acoso persistente, con golpes e insultos.

No obstante lo anterior, hay que reparar en que es imposible que algún día nos llegue un mundo feliz plenamente pacífico, sin injusticias y abusos. Se puede y se podrá reducir la incidencia de los comportamientos antisociales pero, desgraciadamente, siempre habrá quienes no querrán y no acatarán unas reglas de juego democráticas y de respeto a las libertades y derechos ajenos. Por ello, no cabe más remedio que saber defenderse ampliamente y educar en consecuencia. No hacerlo es no estar con los pies en el suelo.