La marea va subiendo. Los aularios de la Universidad de Huelva están plagados de carteles llamando a las movilizaciones. En colegios e institutos se convocan reuniones para sumarse a la huelga. La noche anterior está prevista una vigilia en el Manuel Siurot… Ni el contestado Plan Bolonia, ni las históricas protestas de los interinos, ni las mismas huelgas generales han logrado sumar tanta indignación. A la huelga del 22 están llamadas todas las etapas educativas, desde Infantil hasta la Universidad, y es la primera vez que sucede en este país.

No son quejas corporativistas. Ni es una protesta más por los recortes: aquí la gente está acostumbrada a trabajar siempre con menos recursos de los que debería. La marea verde lucha contra todo eso, sí, pero la pelea va más allá. Va al origen de este embrollo, al meollo de la cuestión: al modelo de educación pública que se plantea. 

El ministro Wert dice a menudo que debe fomentarse una educación para la excelencia, pero no está pensando en una educación excelente. Alumnos excelentes los hay en todos los centros públicos. Yo los he visto en el mío, un IES con tantas dificultades como esfuerzo derrochado a diario. Algunos de estos alumnos han sido o serán brillantes estudiantes. Luego está el resto: los que dejaban de venir a clase ya en 2º de ESO, para quienes hubo que crear un proyecto contra el absentismo; los que titularon con una diversificación curricular; los que fueron repescados en los PCPI; los que tardaron más cursos de la cuenta en conseguir su Bachillerato… Muchos se fueron quedando en el camino: de los 150 que empezaron 1º de ESO, sólo la cuarta parte llegará este año a Selectividad.

A esos, a los que el ministro llama abiertamente mediocres porque académicamente no valen nada, lo mismo les dará, parece, el hacinamiento en las aulas, las horas que trabajen sus profesores o la reforma de la FP. Si sus padres pueden sacarlos de la mediocridad (en mi instituto muy pocos pueden) se los llevarán a un centro concertado para que la segregación abone resultados excelentes. Puede que los gastos que tengan sean hasta deducibles, como ya ocurre en Madrid. Y puede que en pocos años (todo va tan deprisa últimamente) la enseñanza pública, ahogada hasta la extenuación, tenga que resignarse a ser especialista en fracaso escolar. Exactamente igual que la sanidad pública asumirá la beneficencia de las rentas más bajas, mientras se introducen en el negocio otras empresas privadas.

Eso es lo que la marea verde pretende detener. Los recortes no son, como se ha dicho, un sacrificio que se pide a los docentes por cuestiones de ahorro: vulneran los derechos más elementales, los más necesarios, los que más trabajo ha costado conseguir. Y merece la pena defenderlos.