Los setenta alcaldes de la provincia dieron luz verde durante la celebración del último Pleno de la Mancomunidad de Servicios (MAS) a la propuesta de concesión demanial de las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración a su empresa pública Giahsa por un periodo de 30 años. El paso dado por el plenario mancomunado, así como la aprobación de la medida por cada pueblo en Pleno, es esencial para que MAS y Giahsa consigan el sí definitivo al préstamo principal de cien millones de euros que tienen solicitado a un grupo de entidades financieras. Una vez conseguido el dinero, los municipios recibirán una importante inyección económica por adelantado que oscila entre los 10.264.297 euros de Isla Cristina y los 327.785 de Cumbres de Enmedio.

Fuentes de la empresa Gestión Integral de Aguas de Huelva consideran que la medida aprobada supone "un manifiesto esfuerzo de integración, cohesión y unidad en aras de los servicios básicos, y un ejercicio de responsabilidad, coherencia, unión y esfuerzo común de los setenta ayuntamientos".

A su juicio, "pocas veces se alcanza tal nivel de consenso entre un número tan elevado de instituciones públicas, más aun teniendo en cuenta que este acuerdo une bajo una misma decisión a ayuntamientos gobernados por todos los partidos políticos", como PSOE, PP (excepto Lepe, Moguer, La Palma del Condado), IU, PA e independientes (excepto Bollullos, también co-gobernado por los populares).

La concesión demanial, según apuntan desde MAS, "es una figura jurídico-administrativa, auspiciada por los últimos cambios legislativos, por la que la empresa pública, como usuaria de las redes de abastecimiento y saneamiento de titularidad municipal, abonará cada año a los ayuntamientos una cuota calculada en función del valor de dichas redes, un 6% anual que deriva de la aplicación de la Ley de Bienes de las Entidades Locales". El cálculo de reparto se ha realizado a partir de la valoración técnica de las redes y estableciendo, según ley, esa cuota anual del 6% sobre la valoración, teniendo en cuenta además la depreciación de las redes a lo largo de los 30 años.

La empresa de aguas recuerda que "trabaja desde hace meses en una operación financiera, que enfila su recta final, que permita a cada Ayuntamiento disponer anticipadamente del montante global de la concesión por treinta años.

De esta forma, Giahsa obtiene un compromiso, reforzado por la completa y compleja estructura jurídica y administrativa del título de concesión, de permanencia de los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad, evitando así una inestabilidad institucional que en los últimos años, ante la presión de las empresas privadas en un contexto de crisis económica, ha creado incertidumbres y tensiones sobre el modelo de gestión pública".

Según las fuentes consultadas, "la operación refleja el carácter innovador de la empresa pública de aguas, que se convierte en un buen exponente de la aplicación al sector público de las fórmulas de financiación, hasta ahora casi exclusivas del sector privado, en un momento caracterizado por la escasez de créditos y el endurecimiento de las garantías jurídicas y financieras".

La justificación de la operación enfrenta a Giahsa "con otras fórmulas que conllevan una renuncia de la gestión a favor de las empresas privadas" y pone en valor a los ayuntamientos adheridos a MAS, que "garantizan así su capacidad absoluta de decisión sobre la gestión de su empresa pública".

El préstamo de cien millones de euros influirá a la larga en la situación de las cuentas públicas en la provincia de Huelva. Los 79 ayuntamientos de la provincia deben, a 31 de diciembre de 2009, a los bancos 276.288.000 euros. Si a esta cantidad se suman la alta morosidad de la Diputación de Huelva, con un déficit de 149.000.000 y ahora 100 millones más del crédito a Giahsa, la deuda viva (bancaria) provincial alcanzará los 525 millones de euros. Con estos datos en la mano, cada uno de los 513.000 onubenses tendría que poner sobre la mesa 1.023 euros para limpiar las deudas de sus administraciones más cercanas.

La parte positiva de la concesión del préstamo a MAS y Giahsa habrá que buscarla en los ayuntamientos, sumidos en una crisis que parece no tener fin y endeudados ya hasta la médula. Pueblos como Aljaraque recibirían 5.133.000 euros;, Ayamonte, 8.817.000; Cartaya, 6.921.000; Isla Cristina, 10.264.000; Punta Umbría, 9.313.000, o Valverde del Camino, 3.085.000 euros. Si se destinara el montante a pagar deudas y a proveedores, muchos consistorios se quedarían casi limpios en cuanto a morosidad se refiere.

La gestión del ciclo integral del agua se convierte así en la tabla de flotación de los ayuntamientos de la provincia para intentar reflotar sus hundidas cuentas en tiempos de crisis.

Unos, como el de Huelva, venden el 49% de su patrimonio a la empresa Aquagest por unos 57 millones de euros, y otros, impedidos para seguir endeudándose, sortean el recorte del déficit con el préstamo pedido por un tercero, en este caso Giahsa, de 100 millones de euros. Pero todo habrá que ir pagándolo en la factura del agua durante los próximos, de momento, treinta años.