Era la crónica de una muerte anunciada: los trabajadores de Astilleros de Huelva certificaban ayer el final de su relación laboral con la factoría y daban vía libre para continuar la tramitación del concurso de acreedores de la empresa y su posterior liquidación. Por 131 votos a favor y 55 en contra (otros 5 en blanco), los empleados de la naval aprobaban el preacuerdo alcanzado el día anterior entre los sindicatos y la Junta de Andalucía para acceder a un plan social que llevará a 147 de ellos a la prejubilación, 20 al paro y 54 a cursos de formación.

Con estas cifras, la luz verde al convenio era la salida más lógica a pesar del descontento de los 74 empleados que quedan fuera de las prejubilaciones y que se sienten "abandonados" por el resto de los obreros y los sindicatos. Así lo expresaron por la mañana, en una asamblea informal en la factoría naval en la que hubo momentos de tensión y, por la tarde, en presencia de los secretarios generales de las federaciones correspondientes de UGT y CCOO y con un tono de mayor resignación ante la inevitable aprobación del documento.

Los sindicatos expusieron sus argumentos a favor de un acuerdo "aceptable dadas las circunstancias": 1) las condiciones alcanzadas para las prejubilaciones, con la que los mayores de 52 años de Astilleros se irán con el 75% de su sueldo bruto y los procedentes de las auxiliares (e integrados en la matriz) el 70%. 2) Los 54 trabajadores considerados recolocables irán a un Expediente de Regulación de Empleo (que se firmará hoy) por seis meses, después a un año de formación y posteriormente se les buscará un puesto de trabajo. Si no lo obtienen, se garantizan una indemnización de 60 días por año trabajado. Y 3), destacó el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Andalucía, Enrique Jiménez, "por primera vez, la Junta se compromete por escrito a la búsqueda de nuevos proyectos del sector naval".

En esos proyectos se intentaría integrar de forma prioritaria a los 54 trabajadores recolocables, los que ayer no se creían su futuro y expresaban sus dudas sobre qué pasará una vez que acaben los cursos de formación (ellos votaron en contra). Para los sindicatos, esta afirmación, recogida en un acuerdo de intenciones firmado por la Junta y los sindicatos (documento que no existía y fue arrancado el miércoles a la Administración) supone un gran paso, así como la creación de una comisión de seguimiento. No obstante, la Junta de Andalucía, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ya recogía en la famosa hoja de ruta la instalación por parte del Grupo Boluda de "una unidad productiva en Huelva dedicada a la actividad naval de reparación y mantenimiento". Ante la duda, los sindicatos recordaban ayer que el hecho de que la búsqueda de actividad en el sector esté recogida en el documento "no significa que se cumpla, pero sí podremos exigirlo con más fuerza".

CCOO y UGT vinculan ese resurgir de la actividad con el reflote de Astilleros de Sevilla, propiedad en un 80% de los de Huelva ("nos opusimos a la venta", recuerdan) y también en concurso de acreedores. Según el secretario general de Metal, Construcción y Afines de UGT, Manuel Jiménez, Huelva tiene solución naval como industria auxiliar y de reparación "si Sevilla arranca". Como alternativa si no prospera la solución naval estaría el acuerdo de intenciones que ha firmado la Junta con una empresa del sector de las energías renovables para su posible instalación en el Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque.

Ante las reticencias de los trabajadores que quedan fuera de las prejubilaciones, los líderes sindicales que han negociado el convenio (en alguna sesión de hasta 36 horas, aseguraban ayer) recordaron el largo camino recorrido hasta llegar al documento aprobado. Un camino iniciado con el consejero Martín Soler al frente de la Consejería de Innovación, con una hoja de ruta sobre la mesa que después se demostró imposible de cumplir. Y un cambio de Gobierno, con la unificación de Economía e Innovación y un nuevo consejero, Antonio Ávila, que supuso "dificultades de interlocución, porque la Junta quería desentenderse planteando que la empresa era privada y la solución también".

Así, de un documento de extinción de contratos para los 221 trabajadores (ni prejubilaciones ni recolocaciones, no querían otro Delphi), que era lo que había sobre la mesa -aseguran- se pasó al firmado el miércoles con prejubilaciones y posibles recolocaciones. "La intervención pública ha facilitado un acuerdo que, siendo doloroso, es una solución aceptable", aseveraba Enrique Jiménez. Y en el que se intentará reducir aún más la cifra de despedidos (20) inicialmente aportada por la empresa, entre eventuales y cargos de confianza.

Con estos avales los sindicatos pidieron el apoyo de los trabajadores. En la mañana de hoy se firmará la prórroga del ERTE para los 54 recolocables y el acuerdo será presentado al juez que lleva el concurso de acreedores, el último que tendrá que aprobarlo.