Las autoridades se empeñan en dar por liquidada la crisis de la deuda pero los datos que maneja el Ministerio de Economía y Hacienda sobre las arcas locales son para echarse a temblar. Los 79 ayuntamientos de la provincia deben a los bancos 276.288.000 euros, 46 millones más que en 2008 (230 millones de euros). Si a la primera cantidad unimos la morosidad de la Diputación Provincial de Huelva, 149.000.000 millones de euros, el resultado final asciende a 425.288.000 euros. Y esa es la deuda viva, no se incluyen los débitos a proveedores y empresarios.

Al ponerse el resultado con la cifra de la moneda común europea el dato escandaliza menos, pero si lo traducimos a pesetas la deuda asusta de verdad, pues los consistorios más la Diputación deben nada menos que setenta mil quinientos noventa y siete millones ochocientas ocho mil pesetas (70.597.808.000 pesetas).

Los hay para todos los gustos y partidos políticos aunque los tres ayuntamientos que encabezan la lista de morosos con los bancos son el de Almonte (debe 26.260.000 euros), Lepe (16.389.000 euros) y Valverde del Camino (16.286.000 euros).

El Consistorio de Huelva adeuda 94.000.000 de euros y la Diputación 149.000.000. Como se ve, ni el PSOE ni el PP han dado con la tecla para administrar las cuentas públicas. Más bien el secreto de una buena administración o prudencia y contención del gasto habría que ir a buscarlo a los pequeños pueblos de Almonaster (PSOE), Berrocal (PSOE-IU) El Cerro de Andévalo (PP), La Granada de Riotinto o Sanlúcar de Guadiana, que no deben un euro en préstamos bancarios.

Cada uno de los 513.000 habitantes de la provincia de Huelva tiene contraída, sin saberlo, una deuda de 829 euros. Es el débito per cápita resultante al repartir entre los ciudadanos la suma de la deuda de sus ayuntamientos más la de la Diputación y menos mal que no se incluye la morosidad de las mancomunidades.

Observando el listado no es de extrañar que Europa, el Banco de España y la OCDE hayan forzado al Gobierno español a poner freno al desenfreno de las cuentas municipales.

Lo peor de este asunto es que esta deuda de las entidades locales con bancos y cajas de ahorro provoca cada vez más morosidad al ir creciendo año a año los intereses por la demora de los pagos. La pescadilla se sigue mordiendo la cola y el crédito deja de fluir hacia ciudadanos y empresas lo que provoca la caída brutal del consumo y por tanto genera más paro. Es como una tormenta perfecta que alimenta sin pausa el estancamiento de la economía provincial y española.

De los datos ofrecidos a 31 de diciembre de 2009 por el Ministerio de Economía y Hacienda destaca la gran deuda acumulada por el Ayuntamiento de Almonte, uno de los términos municipales más ricos de la provincia. El Consistorio marismeño administra nada menos que 22.000 casas en Matalascañas y otras tantas en Almonte y El Rocío. Los ingresos en impuestos, sea el de Bienes Inmuebles (IBI) o de otro tipo, son ingentes. A lo que hay que añadir el dinero que fluye hacia la localidad almonteña desde la playa de Matalascañas o El Rocío, además de las continuas subvenciones que facilita la vecindad del Parque Nacional de Doñana. A pesar de todo, cada almonteño (son 21.782 a primero de enero de 2009) debe 1.274 euros. El Ayuntamiento de Almonte tiene otras dos particularidades que brillan sobre los demás con luz propia, la plantilla municipal más inflada de la provincia, más de 1.100 personas dependen de un salario ligado al consistorio y convenios urbanísticos impagados tras estallar la burbuja inmobiliaria. Un mal extendido por todos los ayuntamientos costeros que les ha obligado a endeudarse sin pausa.

Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que los trabajadores municipales tengan problemas a la hora de cobrar o que algunos, caso de Escacena, opten por un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) aunque sea de carácter temporal.

Después de Almonte, el Ayuntamiento que más debe a los bancos es el de Lepe. Con 16.389.000 euros ocupa la parte alta del ránking y eso que cuenta con las zonas costeras de La Antilla e Islantilla. El mal que aqueja a Lepe también hunde sus raíces en el urbanismo. Cada uno de los 25.866 leperos debe 633 euros.

El tercero es Valverde del Camino cuya deuda bancaria asciende ya a 16.286.000 euros. La deuda per cápita en la capital del Andévalo llega ya a 1.274 euros por habitante.

Después de este triunvirato deudor aparecen también otros ayuntamientos con cifras peligrosas para la salud y continuidad de los quehaceres municipales.

Moguer, 12.242.000 euros de deuda viva bancaria; Cartaya, 11.149.000 euros; Ayamonte, 12.221.000 euros; Punta Umbría, con 11.092.000 euros; Ajaraque, con 8.529.000; Bollullos, con 7.592.000; Palos, con 6.719.000; y La Palma del Condado, con 5.341.000 euros son los consistorios que destacan por su deuda.

Los virus y bacterias que han provocado esta grave crisis municipal son muchos y variados. Al consabido préstamo basado en ingresos por obras y proyectos urbanísticos hay que unir la multiplicación de las plantillas municipales, la creación de empresas públicas hasta para regar jardines, la participación societaria en alguna de las 19 mancomunidades que existían en la provincia y que no hace mucho se exhibían como verdadero músculo de poder político, pero que ahora se tapan y esconden para que no se les vea (la deuda); los gastos en liberados y personal político de confianza, la prestación de servicios públicos que no les corresponden y que la Junta y el Estado dejan en un limbo (que cuesta dinero), como la atención a la emigración; los gastos en festejos y la creación de televisiones locales. Estos entes fueron creados para vender la acción política del gobierno de turno. Pero cuando las televisiones locales apenas habían concluido con su formación y compra de equipos resulta que llega la Televisión Digital Terrestre (TDT).

El resultado ha sido que los equipos en los que se habían gastado cientos de miles de euros se han quedado obsoletos y ahora la televisión digital les obliga a hacer nuevas compras.