En la pugna pertinaz por el AVE, el realojo de las diez familias que viven en la finca de la futura estación viene sirviendo de arma arrojadiza a PSOE y PP, mientras se obvia otro conflicto de envergadura: el Plan Especial de Infraestructuras Ferroviarias ha entrado en fase de ejecución con el desbroce de terrenos de Las Metas, mientras el sector sigue ocupado -además de por esta decena de viviendas- por la nave de 15.000 metros cuadrados en la que Weikert y Martín Agrícola SA (concesionario de John Deere) mantiene su actividad a expensas de una sentencia judicial que cuantifique la indemnización por el desalojo.

En la misma encrucijada se encuentra una segunda empresa, Construcciones Metálicas Garpe, que a pesar de no entrar en el ámbito ferroviario, se ve perjudicada por los trabajos que desarrolla el Ministerio de Fomento en la zona. Según confirmaron ayer a este periódico desde ambas entidades, Adif les comunicó recientemente su intención de ubicar dentro de sus parcelas dos torres de tendido eléctrico, previsión que ha sido recurrida por los afectados. En estos momentos Adif estudia las alegaciones ante la demanda de alternativas para evitar el impacto con las actividades que se desarrollan en Las Metas. Parches que, tarde o temprano, deberán abordar la solución definitiva con el traslado de las empresas.

Y es que esto es sólo la punta del iceberg. El problema lleva latente desde 2006, con varios frentes judiciales abiertos, y una incertidumbre que afecta en total a 54 puestos de trabajo.

La condición teórica que puso Fomento al Ayuntamiento para firmar el convenio de cesión de suelo era que todos los terrenos estuvieran libres de "toda clase de cargas y ocupantes" y las edificaciones (incluidas las naves industriales) fueran demolidas. Meses después, la firma bilateral se precipitó para que nada empañara el compromiso de iniciar las obras en julio. Todo a pesar de que el concesionario John Deere recibió el pasado mes de diciembre una orden de desalojo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y desde entonces no se produjo ningún movimiento, ya que la empresa sostiene que no evacuará la zona hasta que la Junta de Compensación del Ensanche Sur -en la que el Grupo Trusam tiene participación mayoritaria- le indemnice por todo este patrimonio y por los costes del traslado.

Como ya informó entonces este periódico, Weikert y Martín Agrícola SA ha presentado al juez una tasación que cifra en 6,2 millones de euros el valor total por las construcciones a derribar, plantaciones, gastos de apertura, realojo y pérdidas previstas, habiendo impugnado esta empresa la indemnización estimada por dicha Junta de Compensación, un total de 743.420 euros.

Por su parte, a Construcciones Metálicas Garpe se le ha asignado una compensación de 178.000 euros, mientras que por las dos divisiones de la entidad se demandan 1,7 millones de euros en función de los informes periciales que se han encargado.

Abortada la vía de la negociación, todo se ha dejado al dictamen judicial, mientras ningún partido ni Administración hace alusión al conflicto.

En esta maraña no sólo se han impugnado las indemnizaciones, sino también el reparto de aprovechamientos urbanísticos en la reparcelación del Ensanche. Estas empresas tienen abierto un litigio por su desacuerdo con los terrenos que le han asignado en la zona de expansión de la ciudad, parcelas proindiviso -las más próximas al Tiro Pichón- para usos comerciales y residenciales.

Reclaman terrenos cercanos a sus actuales instalaciones, que obviamente tienen un mayor valor en el mercado por su proximidad al casco urbano. Su disconformidad ha sido mayor cuando han visto que la promotora del Ensanche (por los nuevos tiempos de la crisis) va a desarrollar la operación por fases, con lo que calculan que hasta dentro de al menos seis años no serán beneficiarios de estos aprovechamientos.