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El acusado de abusar de sus hijas se enfrenta a la versión de otros cuatro menores
El acusado de abusar de sus hijas se enfrenta a la versión de otros cuatro menores
La Audiencia Provincial devuelve el caso al instructor para que practique una serie de diligencias antes de cerrar el sumario
M. Rosa Font / Huelva | Actualizado 07.09.2010 - 01:00El Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, encargado de la investigación del presunto caso de pederastia en el ámbito familiar que se destapó hace dos años (con ocho víctimas menores de edad), tendrá que abrir una nueva fase de interrogatorios antes de dar por cerrada la instrucción. A instancia tanto de las acusaciones particulares como del representante legal del hombre acusado de abusar sexualmente de sus propias hijas y sobrinas, F.B.A., la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva revoca el auto de conclusión del sumario dictado por el Instrucción 4, al que devuelve de nuevo las actuaciones para que practique las diligencias complementarias solicitadas por las partes.
Tanto la acusación particular que ejerce la ex mujer del imputado, madre de algunas de las víctimas que presuntamente fueron objeto de abusos y vejaciones, como la letrada de la Junta de Andalucía, que representa a otros menores, reclaman la comparecencia ante el instructor de cuatro de los niños que supuestamente sufrieron abusos a manos de F.B.A. y que sólo prestaron declaración ante la Policía, después de que saltara el caso. "No es de extrañar que las partes acusadores, y con mayor razón la defensa, traten de que se les reciba (a los cuatro niños) también por el juez de Instrucción...Sólo de este modo, podrán proponer su versión instrumental del caso y preparar su respectiva estrategia probatoria", señala el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia.
Además de la comparecencia de estos menores, la Audiencia acepta la petición de la defensa de que se practique un informe médico-forense sobre la salud mental del imputado o, en su caso, la incorporación de la documentación del que se haya podido haber practicado para incorporarla al sumario. A partir de ahora, el instructor tendrá que poner fecha a las nuevas declaraciones de las víctimas y tener en su mano la pericial sobre la salud mental del supuesto pederasta antes de cerrar el expediente y de que se ponga fecha al juicio.
Este caso salió a la luz tras una denuncia inicial de violencia de género por parte de su ex mujer, I.P., en agosto de 2008. En el marco de los interrogatorios por esta denuncia, las dos hijas del matrimonio (menores de edad) revelaron a la Policía Nacional los abusos de que eran objeto presuntamente a manos de su padre, a los que siguieron los relatos de más niños en los días posteriores, que consiguieron destapar la denominada 'Operación 1 euro' (dinero que el imputado ofrecía a los niños a cambio de los favores sexuales que les reclamaba y exigía incluso mediante amenazas físicas).
El hombre mostraba películas pornográficas a los menores de los que presuntamente abusó, a los que después amenazaba con un cuchillo para que realizaran los mismos actos que acababan de ver en la pantalla. Los abusos se habrían producido unas veces en zonas despobladas de la ciudad, donde el detenido llevaba a las víctimas en su coche y otras en el domicilio familiar, especialmente durante los fines de semana, cuando la madre se encontraba trabajando.
En el desarrollo de la investigación policial que llevó a cabo el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional, fue intervenido numeroso material informático para su estudio y dos cuchillos que supuestamente utilizaba el imputado para realizar sus amenazas a las menores.
F.B.A. fue condenado tras su detención a 21 meses de prisión por sendos delitos de amenazas continuadas y otro de amenaza de muerte puntual a su ex mujer.
Tanto la acusación particular que ejerce la ex mujer del imputado, madre de algunas de las víctimas que presuntamente fueron objeto de abusos y vejaciones, como la letrada de la Junta de Andalucía, que representa a otros menores, reclaman la comparecencia ante el instructor de cuatro de los niños que supuestamente sufrieron abusos a manos de F.B.A. y que sólo prestaron declaración ante la Policía, después de que saltara el caso. "No es de extrañar que las partes acusadores, y con mayor razón la defensa, traten de que se les reciba (a los cuatro niños) también por el juez de Instrucción...Sólo de este modo, podrán proponer su versión instrumental del caso y preparar su respectiva estrategia probatoria", señala el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia.
Además de la comparecencia de estos menores, la Audiencia acepta la petición de la defensa de que se practique un informe médico-forense sobre la salud mental del imputado o, en su caso, la incorporación de la documentación del que se haya podido haber practicado para incorporarla al sumario. A partir de ahora, el instructor tendrá que poner fecha a las nuevas declaraciones de las víctimas y tener en su mano la pericial sobre la salud mental del supuesto pederasta antes de cerrar el expediente y de que se ponga fecha al juicio.
Este caso salió a la luz tras una denuncia inicial de violencia de género por parte de su ex mujer, I.P., en agosto de 2008. En el marco de los interrogatorios por esta denuncia, las dos hijas del matrimonio (menores de edad) revelaron a la Policía Nacional los abusos de que eran objeto presuntamente a manos de su padre, a los que siguieron los relatos de más niños en los días posteriores, que consiguieron destapar la denominada 'Operación 1 euro' (dinero que el imputado ofrecía a los niños a cambio de los favores sexuales que les reclamaba y exigía incluso mediante amenazas físicas).
El hombre mostraba películas pornográficas a los menores de los que presuntamente abusó, a los que después amenazaba con un cuchillo para que realizaran los mismos actos que acababan de ver en la pantalla. Los abusos se habrían producido unas veces en zonas despobladas de la ciudad, donde el detenido llevaba a las víctimas en su coche y otras en el domicilio familiar, especialmente durante los fines de semana, cuando la madre se encontraba trabajando.
En el desarrollo de la investigación policial que llevó a cabo el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Nacional, fue intervenido numeroso material informático para su estudio y dos cuchillos que supuestamente utilizaba el imputado para realizar sus amenazas a las menores.
F.B.A. fue condenado tras su detención a 21 meses de prisión por sendos delitos de amenazas continuadas y otro de amenaza de muerte puntual a su ex mujer.
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