El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, se mostró convencido de que del diálogo entre el Gobierno y la Junta de Andalucía en relación con el deslinde del Parque de Doñana surgirá "el punto de encuentro que evite cualquier tipo de inconveniente, que no tiene ni mucho menos que ver con el fondo, que es la protección del Parque". En declaraciones a los periodistas durante una visita a unas obras en Sevilla, Zarrías expuso que el asunto del deslinde de Doñana está en este momento en periodo de alegaciones y que entre el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se está dialogando "para que no haya ningún tipo de problema e inconvenientes".

Lo importante, a su juicio, es que una zona singular donde las haya y un elemento diferenciador del medio ambiente español, como es el Parque de Doñana, va a tener un deslinde que va a preservar la zona costera y evitar cualquier tipo de problema.

Zarrías quiso dejar claro que el Gobierno central lo que hace es ejercitar una actuación de deslinde y que en estos momentos se está dialogando con la Junta para buscar "el punto intermedio que evite cualquier tipo de inconveniente". Ha insistido en que el deslinde es un procedimiento reglado, normalizado y que no tiene ningún tipo de problema, asegurando que la voluntad del Gobierno es llegar a un acuerdo con la Junta para que no haya inconvenientes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el jueves el anuncio de notificación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) correspondiente al deslinde del litoral de Doñana, que comprende un tramo de costa de unos 34.730 metros desde Matalascañas, en Almonte, hasta la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Gaspar Zarrías, preguntado en relación con el traspaso de la gestión de Costas a la comunidad andaluza y la posibilidad de que el deslinde también se transfiriera, expuso que el objetivo es trasladar a Andalucía, como ya se ha hecho con Cataluña, todo lo que es la competencia sobre "lo que popularmente se conoce como chiringuitos". Lo que se va a trasladar a la comunidad es todo el procedimiento de autorizaciones, de ocupación de suelo público y de construcciones efímeras, según dijo Zarrías, quien precisó que ya no será el Estado, sino la Junta, con un informe de Costas del Gobierno, quien determine la ubicación, dimensiones y elementos que sean ocupación de la zona pegada a la playa.

Mientras, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trilló, emplazó a la próxima semana para conocer si finalmente la Administración andaluza presentará algún tipo de recurso al expediente de deslinde del Parque Nacional de Doñana del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez que los técnicos analicen "con más detalle" si este documento incluye todas las alegaciones de la Junta.

El titular de Medio Ambiente andaluz indicó que se trata de una cuestión "puramente formal" y recordó las palabras del presidente de la Junta, en cuanto a la labor de los técnicos para determinar cómo recurrir y abundar en las alegaciones ya practicadas. "La protección y las competencias están totalmente claras y la relación con el Ministerio es excelente", apuntó el consejero, quien aclaró que existe un plazo de dos meses para presentar un recurso ante el MARM.