La Junta Arbitral Provincial de Consumo, dependiente de la Diputación de Huelva, ha recibido en lo que va de año un total de 283 solicitudes de arbitraje; cifra inferior a la de anteriores ejercicios debido a una reducción del consumo en general según apunta el Instituto Nacional de Consumo, mientras que los servicios de telecomunicaciones, agua, gas y electricidad -considerados de primera necesidad- se mantienen, así como también los hacen sus reclamaciones.

Según una nota de la Diputación, el número de empresas ubicadas en la provincia de Huelva que se encuentran adheridas al Sistema Arbitral asciende a 3.457, entre las que se incluyen establecimientos de todo tipo de sectores económicos, incluidas empresas públicas. Este año ha realizado una publicación en la revista Infoe de las Empresas Adheridas que están asociadas a la Federación de Onubenses Empresarios.

El sector de las telecomunicaciones sigue siendo el que concentra el mayor número de demandas, un 75 por ciento del total.

Aunque ha descendido el número de peticiones relacionadas con las líneas telefónicas con prefijo 905 debido a su regulación, ha aumentado la cifra de reclamaciones referidas al roaming causadas por la situación fronteriza de la provincia onubense.

La contratación irrespetuosa con la voluntad consentida del consumidor por parte de los comerciales de las grandes compañías de telefonía es otro de los principales temas que ha registrado un aumento en el número de reclamaciones. Esta actuación provoca una "gran inseguridad" a los consumidores, quienes se encuentran con diversas tipologías de contratos y facturación que nada tienen que ver con lo ofertado.

Durante el primer semestre de 2010 se han resuelto 110 solicitudes de arbitraje por laudo de los cuales un 60 por ciento ha sido estimatorio, un diez por ciento conciliatorio, un 20 por ciento no estimatorio, y un diez por ciento en el que no se ha podido entrar en el fondo del asunto por cuestiones formales.