Alrededor de 200 profesores y miembros de la Junta de Personal de Centros Públicos Docentes se concentraron ayer durante algo más de una hora ante la puerta del instituto Fuentepiña de la capital onubense. El motivo, protestar contra las agresiones que se producen en el ámbito escolar hacia los profesores precisamente en el último escenario de este tipo de violencia en la provincia de Huelva.

El pasado 29 de enero, la madre de una alumna propinó fuertes golpes a una docente después de que ésta mediara en una pelea entre su hija y otro estudiante a la hora del recreo. Tanto la principal agredida como la jefa de estudios del Fuentepiña, que también resultó herida al intentar evitar el ataque, permanecen de baja por depresión desde que ocurrieron los hechos.

Aunque no es habitual que se produzcan incidentes tan violentos en los centros educativos onubenses, Diego Martín, de la Junta de Personal Docente, aseguró que "no será el último y tenemos decidido manifestarnos cada vez que se produzca". Admitió que se ha avanzado en materia de seguridad jurídica del profesorado, cuyas agresiones tienen la consideración de atentado contra la autoridad pública, "pero no es suficiente".

En este sentido, se congratuló de que la denuncia formulada por la víctima del IES Fuentepiña, que iba a ser vista en un juicio rápido de faltas, "haya pasado a la vía penal". La delegada de Educación en Huelva, Antonia Cascales, valoró positivamente esta circunstancia, puesto que "permitirá formular una sentencia justa por lo que ocurrió".

Otro de los miembros de la Junta Docente, Juan Ramón Maroto, evidenció que las agresiones verbales y las faltas de respeto "son el pan de cada día en las aulas" de los centros educativos públicos y privados, pero "en estos últimos se silencian por miedo a dañar la imagen del colegio o instituto" y la situación de indefensión del profesorado es todavía más acusada. Maroto criticó la ausencia de las administraciones en el acto de repulsa y manifestó que "esto no es una tarea de unos pocos, se tiene que implicar todo el mundo".

José Pablo Bravo es docente en el IES Fuentepiña y fue testigo de la brutal agresión. A su juicio, ataques de este tipo son sólo "la punta del iceberg" de la cotidianidad de la comunidad educativa, donde a diario se producen "insultos directos" sea cual sea el centro escolar. El quid de la cuestión está, dice, en que la educación es obligatoria y muchos adolescentes asisten al instituto contra su voluntad: "Los profesores ya no tenemos el arma que significaba para nosotros decirle a un alumno que no cumple que está aquí para estudiar, y si no, que se vaya a casa". Sin ir más lejos, tres días más tarde de los hechos denunciados, otra compañera fue duramente vilipendiada en el instituto.

El colectivo de profesores Crisis Educativa, presente también en la protesta, indicó que "la autoridad del docente está por los suelos, nos sentimos ninguneados". Uno de sus componentes, Juan Vázquez, reprobó el nuevo Reglamento de Organización de los Centros (ROC) que prepara la Consejería de Educación "porque nos quita más poder a los profesores y los centraliza en la dirección".

La concentración de ayer terminó con la lectura de un manifiesto que bajo el lema No a la violencia escolar y por la dignidad del docente mostró la repulsa de toda la comunidad educativa por la agresión sufrida por las compañeras e instó a los implicados a "unirnos para hacer llegar a la sociedad el sentimiento de indefensión que tenemos en el desempeño de nuestro trabajo".