En la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva por un presunto caso de corrupción que ha tocado de lleno a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, la Fiscalía reescribía una trama de topos a sueldo en las Fuerzas de Seguridad y de soplones de bolsillos generosos entre el grupo de toreros (traficantes, en la jerga del mundo de la droga) y presuntos narcos que se sientan en el banquillo.

Finalizadas las pruebas periciales pendientes, ayer se abría el turno de los informes de las partes. El Ministerio Público mantiene la calificación de los hechos y las condenas para cada uno de los siete acusados, que suman los delitos de falsedad en documento oficial, revelación de secretos continuado, tráfico de drogas, cohecho y tráfico de influencias continuados, malversación de caudales públicos, denuncia falsa y delito continuado contra la propiedad industrial, por los que la Fiscalía solicita una condena total de 53 años y seis meses de cárcel.

En la base de la acusación de la Fiscalía, los testimonios de los investigadores de Asuntos Internos, las conversaciones grabadas a los procesados por medio de las intervenciones telefónicas y las declaraciones de los testigos protegidos, de los que sólo uno se mantuvo en pie mientras que los otros dos dieron marcha atrás en el plenario. El Ministerio Público remarcó "el impresionante miedo y temor por su integridad" de estos testigos, hasta el punto de que uno de ellos no quería comparecer en el juicio.

Ante el anuncio de impugnación por las defensas de los pinchazos de los teléfonos de los acusados, la fiscal defendió la legalidad de las intervenciones. "Las resoluciones judiciales que se han dictado para interceptar las comunicaciones -subrayó- son impecables y han estado suficientemente motivadas" de principio a fin. "El seguimiento es intachable -agregó- y nadie ha negado que lo que está grabado no sea su voz".

La acusación pública consideró que en el juicio ha quedado acreditada la participación en la trama de cada uno de los procesados, subrayando, en el caso de los miembros de las Fuerzas de seguridad que los presuntos narcos "no eran confidentes de la Policía sino al revés, la revelación de información era de los agentes" a Sergio Mora (El Yeyo) y a A.S.A. Los agentes -agregó- estaban absolutamente al servicio de ellos".

A falta de que se expongan los dos últimos informes, los de los abogados del inspector de la Policía Nacional de Sevilla, M.G.T., y del guardia civil de Tráfico de Huelva, M.A.E., las defensas coinciden no sólo en reclamar la nulidad de las escuchas por ilegales sino que consideran que, llegado el fin del juicio, no hay pruebas de cargo contra sus respectivos clientes.

Respecto al trafico de drogas, el abogado del policía M.F.F. hizo constar que a lo largo de la investigación (desarrollada entre 2004 y 2005) no existe acta alguna de aprehensión de droga ni se ha detectado un incremento de su patrimonio. "Lo que hace la Fiscalía es un acto de fe", consideró la defensa de El Yeyo.

En cuanto a la declaración de los testigos protegidos, los letrados restaron validez al que se mantuvo, por padecer una enfermedad mental por la que estuvo bajo tratamiento, que lo hacen "no apto" para declarar. Su versión -dijeron- "es una fabulación que no debe ser tenida en cuenta", mientras que los otros dos firmaron que la Policía le preparó la declaración.

Los letrados consideran acreditado que la relación entre los agentes y El Yeyo y sus colaboradores se mantenía en los márgenes de la figura del confidente, reportando beneficios para la Policía Nacional y la Guardia Civil que se traducía en la aprehensión de drogas y de vehículos ilegales.

Las defensas que expusieron sus informes en la cuarta jornada del juicio solicitaron, además de la absolución de sus clientes, la atenuante por dilación indebida del procedimiento, investigado entre finales de 2004 y comienzos de 2005 por Asuntos Internos de la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, y que llega a juicio cinco años después. Esta demora, según la Fiscalía se explica, primero por un cambio en la titularidad del órgano judicial, al que se suma la "complejidad", el volumen del sumario, el número de acusados y los recursos planteados por algunas de las partes, argumentos que no son válidos para el resto de las partes.