La situación en la que trabajan los funcionarios del Penal 3, trasladado a contrarreloj de la tercera a la sexta planta del Palacio de Justicia el pasado mes de diciembre, no puede mantenerse. Así lo refleja la Inspección de Trabajo, que ha realizado dos revisiones de las dependencias en sólo un mes, en un informe en el que da a la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta un plazo máximo de seis meses para reorganizar el juzgado y poner en práctica las medidas correctoras que sean necesarias para dar un vuelco a la situación, de forma que se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores.

Trabajo ha constatado, después de realizar dos visitas al Penal 3 (el 22 de diciembre de 2009 y el pasado 22 de enero), que existe "una evidente falta de espacio" para que los funcionarios puedan desarrollar sus trabajos en condiciones aceptables y que se incumplen algunas de las condiciones generales de seguridad laboral. Mesas separadas por apenas una cuarta y separaciones de no más de 50 centímetros en algunos puestos de trabajo entre la silla de los funcionarios y los armarios en los que se guardan los expedientes, además de humedades detectadas en algunas zonas y el espacio que ocupan los ascensores recién estrenados con la reforma del Palacio de Justicia, forman parte de las deficiencias comprobadas por la Inspección.

Ante este panorama, Trabajo hace un requerimiento a la Administración de Justicia para que reorganice los puestos de trabajo y los dote de espacio suficiente y una mayor amplitud para que el personal -subraya- "pueda realizar su trabajo en condiciones de seguridad, salud y bienestar".

El traslado del Juzgado de lo Penal número 3, ubicado desde hace dos décadas en la tercera planta del edificio, no estaba previsto ni en las obras ni en el calendario y no se produjo ningún aviso previo. Apenas cinco días antes de la mudanza (contando con un fin de semana en medio), la Secretaría de la Delegación Provincial realizó una comunicación verbal al juzgado y un día después (jueves 17 de diciembre) llegaba la notificación por escrito: el lunes 21 de diciembre comenzaría el traslado a la sexta planta.

La mudanza sorpresa tuvo consecuencias inmediatas ya que, al no tener en cuenta el calendario de señalamientos del juzgado, las vistas señaladas para aquella semana tuvieron que suspenderse, sin que al órgano tuviera margen alguno de tiempo para ponerlo en conocimiento de las personas citadas para las vistas.

De esta forma, la Administración autonómica hacía hueco al nuevo órgano de Instrucción (el número 5 del partido judicial de Huelva), que entró en funcionamiento diez días después de la mudanza.

Una vez en la sexta planta, el juzgado comprobó que las estancias reservadas carecían de espacio y no reunían las condiciones, por lo que puso la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo.