La disputa que se ha vivido últimamente entre los trabajadores de Aguas de Huelva y del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento parece llegar su fin. Con la intención de acercar posturas y limar asperezas, la dirección de la empresa Aguas de Huelva ha decidido retirar las sanciones de un día sin empleo y sueldo que pesaban sobre 25 trabajadores de la entidad por protagonizar el pasado mes de enero una caravana de vehículos desde la avenida de Alemania hasta el Ayuntamiento contra de la privatización de la compañía, después de que el Gobierno municipal anunciara la venta del 49% de las acciones.

Así lo anunciaron ayer a Europa Press fuentes del comité de empresa, que ya había criticado que estas medidas sancionadoras se interpusieron "de manera injusta y sin cumplir con los requisitos formales que exige la legislación", motivos por los que ha venido manifestando en reiteradas ocasiones su "disconformidad" con ellas.

Según los trabajadores, éstas fueron "impuestas de manera improvisada, sin fundamentos reales, de manera indiscriminada y, muy especialmente, por no favorecer un clima de diálogo apropiado para abordar la negociación de las condiciones de la privatización".

Con esta decisión se evita que el comité de empresa y los trabajadores afectados recurran a los órganos de arbitraje de Empleo, incluso al Juzgado de lo Social en último caso. El pasado 26 de enero los trabajadores de Aguas de Huelva desconvocaron una huelga general que se iba a celebrar al día siguiente, pero siguen sin aceptar el proceso de privatización.

Al mismo tiempo, Izquierda Unida (IU) centró en el ocultamiento, malversación de la realidad y fraude democrático las tres claves que vertebran las alegaciones que su grupo municipal presentó ayer contra la operación de semiprivatización de Aguas de Huelva. El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro Jiménez, insta al equipo de Gobierno del PP a dar marcha atrás y someter el proceso a la voluntad de los ciudadanos, mediante un referéndum vinculante, o bien, incluyendo la propuesta en el programa electoral de 2011.

Como argumentan desde la oposición, en la campaña que dio la cuarta victoria al regidor Pedro Rodríguez, no hubo alusión alguna a un proceso que va a tener consecuencias económicas y sociales a seis legislaturas o 25 años, por lo que, "independientemente de que el proceso sea legal", para los izquierdistas se trata de un fiasco electoral, agravado por el incumplimiento de las promesas que sí figuraban en el programa del PP, como la creación de 30.000 empleos y 4.000 VPO dentro del mandato.

"Desde luego, integre quien integre la lista de IU -aseguró el portavoz de IU-, nosotros avanzamos ya que no privatizaremos ninguna empresa municipal y que recuperaremos para la gestión pública aquellos servicios que hayan caído en manos privadas, una vez caduquen sus concesiones".

Como advierte el grupo municipal, la memoria impugnada "tergiversa la realidad", al no recoger la primera y última motivación de este proceso, "que no es otra que salvar la ruina económica del Ayuntamiento y su necesidad de convertir un servicio público como el agua en una fuente de financiación extraordinaria, coyuntural e inmediata". Todo, a juicio de IU, "a costa de trasladar el peaje económico a futuras generaciones con la creación de una empresa mixta, inviable desde el punto de vista económico en el futuro -subrayó Jiménez- y que se verá obligada a renegociar las condiciones de la concesión".

Los izquierdistas respaldan su afirmación en el hecho de que la mayor parte de los "beneficios económicos" que recaerán sobre el Ayuntamiento se concentren en el primer año sin diferirlos de forma alícuota, "como sería lo razonable, en los años de duración del contrato o concesión": entre el préstamo para pagar canon de saneamiento de una sola vez al Ayuntamiento y los 30,8 millones a abonar al Consistorio en concepto de nivelación de valoración económica, el accionista privado de Aguas de Huelva inyectará de inmediato 58.463.514 euros en las arcas municipales y "este es el verdadero fin -insiste Jiménez-, no explicitado en la memoria, de todo el proceso. Una segunda vuelta al alza del intento de conseguir financiación municipal urgente a través de un préstamo que ha fracasado en las entidades financieras, como todo el mundo sabe". Además, IU advierte en sus alegaciones que, con esta decisión del Ayuntamiento, figura en los pliegos de condiciones que "el socio privado de la nueva sociedad mixta fijará la propuesta tarifaria para los servicios, siendo el Ayuntamiento quien le dará el trámite administrativo correspondiente, "lo que constituye desde nuestro punto de vista una clara dejación de funciones en el deber de defensa de los intereses públicos y una conversión del servicio público en un negocio puramente mercantil".